El escenario judicial del ex intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, revela una constante que se repite en ambos frentes penales abiertos por su gestión: La primera de los detergentes de oro y la segunda por los bonos.
Por los detergentes, funcionarios de su entorno ya admitieron delitos, proveedores ya devolvieron dinero público y enfrentan consecuencias concretas, mientras Rodríguez continúa sin sentarse ante un juez. Y por el desvío de los bonos, ni siquiera fue imputado.
“La causa está en Dirección de Análisis Financieros y es muy importante que ellos se expidan. Dan reportes cada tanto, los documentales son muchísimos”, respondió la fiscal Marlene González sobre el caso del desvío de bonos.
Mientras en la causa conocida como detergentes de oro en la que Nenecho tiene una acusación desde setiembre de 2024, y es, en teoría, el proceso más avanzado, 11 de los 16 procesados admitieron el hecho punible, reconocieron el negociado y aceptaron devolver más de G. 1.406 millones. El juez Rodrigo Estigarribia ordenó la restitución del dinero, dejando asentado que existió daño patrimonial y responsabilidad penal. Óscar Rodríguez continúa sin audiencia preliminar pese a que está acusad
sin imputación. Por el desvío de bonos G8 y G9, no hay acusación ni imputación contra Rodríguez. La causa se encuentra en la Dirección de Análisis Financiero del Ministerio Público, donde se realizan pericias técnicas para reconstruir el recorrido del dinero, según señaló la fiscal Marlene González.
El Informe Final de Intervención, presentado en agosto de 2025, fue contundente en términos administrativos. Concluyó que hubo “infidelidad e ilegalidad” en la gestión y que el 92,92% de los bonos G8 fueron utilizados para gastos corrientes, principalmente salarios, en violación directa del artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal.
Apunta a recursos. En el caso de detergentes de oro, por simulación de compras con recursos Covid, la imputación contra Rodríguez se formalizó el 2 de setiembre de 2024, presentada por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González. Un día después, el 3 de setiembre de 2024, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia admitió la imputación. El Ministerio Público solicitó una prórroga extraordinaria, que fue concedida por el Tribunal de Apelación en febrero de 2025. Finalmente, la acusación fiscal y el pedido de elevación a juicio oral fueron presentados el 3 de setiembre de 2025, un año después de la imputación.
Tras la acusación, el juez Estigarribia convocó a la audiencia preliminar para los días 6, 7 y 8 de octubre de 2025. Que nunca se realizó. La defensa de Rodríguez, adherida a César Ojeda, ex concejal e intendente interino, y Wilfrido Cáceres, ex administrador, presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia que los convocaba a audiencia. El juez rechazó la reposición el 18 de setiembre de 2025, pero concedió la apelación subsidiaria, elevando el expediente al Tribunal de Apelación.
El 26 de setiembre de 2025, la Primera Sala del Tribunal de Apelación, integrada por Paublino Escobar, Silvana Luraghi y Camilo Torres, resolvió confirmar la decisión del juez, validando la convocatoria a la audiencia preliminar. En los papeles, el camino estaba despejado.
Ese mismo día, minutos antes de que se notificara formalmente el fallo, la defensa de César Ojeda presentó una recusación contra los magistrados Silvana Luraghi y Camilo Torres, alegando falta de competencia del Tribunal.
Esa maniobra procesal tuvo un efecto inmediato y todo quedó en suspenso. Hasta que la recusación no sea resuelta por una instancia superior, las decisiones adoptadas no pueden ejecutarse y la audiencia preliminar de Óscar Rodríguez no puede realizarse.
Aunque las apelaciones que intentaban anular la audiencia ya fueron rechazadas, la recusación se convirtió en el nuevo freno del expediente, según se ve en las últimas actuaciones disponibles en el Observatorio Judicial.
- La causa está en Dirección de Análisis Financieros es muy importante que ellos se expidan. Marlene González, fiscal.
Qué medidas tiene Nenecho y por qué causas
El ex intendente permanece en libertad bajo medidas alternativas a la prisión por la causa de los detergentes de oro en la que quedó acusado como autor de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. Nenecho por este caso tiene comparecencia trimestral para firmar el libro de control, la obligación de comunicar entradas y salidas del país y una caución real de G. 500 millones, garantizada mediante un embargo preventivo sobre un inmueble.
No existe arresto domiciliario ni restricciones severas, lo que le permite mantener una vida pública y privada sin mayores limitaciones mientras el proceso sigue sin avanzar a la siguiente etapa.
Aún se busca que se exponga a una audiencia preliminar que podría elevar el caso a juicio oral y público, la última salvada fue el año pasado con una apelación.
