Eusebio Ayala, es una localidad popular por la elaboración de las chipas. Aquí es habitual que los conductores estacionen en la banquina, para esperar a algún chipero/a del local de preferencia. La venta del tradicional alimento es, desde hace décadas, uno de los principales sustentos de las familias barrereñas. Pero al parecer, quienes planificaron las obras de ampliación de la ruta PY, “desconocían” esta situación.
En el marco de las obras de la ampliación de una de las rutas más importantes del país la empresa adjudicada colocó bloques de cemento para separar los carriles. Pero estas barreras fueron instaladas sin antes arrancar con la instalación de pasos peatonales. Los pobladores reclaman la situación e incluso se movilizaron en reiteradas ocasiones para exigir que las barreras sean retiradas.
Los barrereños cuestionan que el MOPC no haya tomado en cuenta los aspectos sociales antes de emprender las obras y dividir a la ciudad. Es así, que muchas familias quedaron desconectadas entre sí, con la instalación de estos muros. En definitiva, no se pensó en los damnificados antes de buscar el “desarrollo”. El reclamo no es solo respecto a los pasos peatonales, sino también, indican que deben recorrer al menos unos 15 kilómetros para conseguir un retorno.
Hoy, el muro genera un gran problema para la zona. Además de generar un perjuicio social y económico para los habitantes del área, tres personas ya perdieron la vida intentando cruzar de lado a lado. La última víctima fue una vendedora de chipas. Se trata de Zoraida Cañete, una trabajadora de una chipería quien falleció tras ser atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar al otro lado de los bloques.
La situación también afecta a los niños de la zona, ya que muchos de los alumnos de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, deben atravesar el muro para poder asistir clases.
El aplazo del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la planificación de sus obras tuvo su momento cumbre con los trabajos del fallido Metrobús, cuyas obras avanzaban sin que los comerciantes de la zona hayan recibido la indemnización correspondiente. El resultado, comercios que debieron cerrar, no se pudieron liberar las franjas de dominio y el proyecto fracasó.
Situación similar se reportó con la construcción de la Autopista Ñu Guasu, en Luque, donde los pasos peatonales llegaron tarde. Durante meses, los pobladores se expusieron para poder cruzar de un lado al otro.
El barrio San Francisco, constituyó una solución habitacional para los habitantes de una parte la franja costera, pero no trajo consigo una solución integral a los problemas sociales como el desempleo. Como resultado, el nivel de inseguridad en la zona es alto.
Hay que destacar que las obras de la Costanera Sur, sí tienen un alto nivel de respuestas sociales, pero esto a iniciativa del Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos (Camsat), integrado por las comisiones vecinales, que prácticamente exigió a las autoridades capacitar a los habitantes de la zona y que estos trabajen en las obras.
Basados en estas experiencias ningún gobierno debería emprender obras sin priorizar las necesidades de los pobladores. Durante los últimos años, la urgencia que tienen las autoridades para inaugurar las iniciativas en medio de periodos electorales normaliza el avasallamiento de los derechos de los habitantes de las áreas de influencia de los proyectos.
El Gobierno debería priorizar el derecho de los pobladores de Barrero por encima de los beneficios que podría traer la ampliación de tan importante ruta. El progreso y el desarrollo son imposibles cuando los caminos generan barreras.
