O sea, no quieren que la Contraloría General de la República verifique sus cuentas y nos cuente lo que ya sabemos: que los intendentes robaron directamente los fondos, robaron inflando precios, robaron construyendo con materiales de baja calidad, robaron la merienda escolar, etc., etc.
Como ya señalamos el domingo pasado, el Fonacide es uno de los hitos en la lucha por la descentralización, porque quita al Ministerio de Educación la atribución de construir o remodelar escuelas, dejando esa tarea en manos exclusivas de jefes comunales.
Con frecuencia los políticos afirman que ellos son los mejores termómetros de las necesidades del pueblo. Que sienten todos los días en sus puertas el golpe de la pobreza.
Con el Fonacide (G. 318.082 millones repartidos en todas las gobernaciones e intendencias) tienen la gran oportunidad de poner la educación entre sus prioridades, porque no pueden señalar la falta de dinero como eterna excusa de la ineficacia política.
Pero el Fonacide vino a ratificar lo que todos sabemos; que la honestidad es una palabra que no existe en el diccionario de la clase política. Y cuanto más recursos, más corrupción.
descontrolados. Los municipios quieren seguir recibiendo los millonarios fondos sin que la Contraloría mire sus números (y fechorías). Pretende que sea el Tribunal de Cuentas, que con apenas diez contadores y diez auxiliares, el organismo que los audite.
Esta acción no es nueva. La misma Corte Suprema, la Fiscalía General, el TSJE, gobernaciones de Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá, la Policía Nacional, la Secretaría de Emergencia y otras muchas instituciones apelaron a esta inmoral medida para evitar la lupa sobre la malversación de fondos.
Aunque después de fuertes críticas, la Corte aclaró que no existían impedimentos para que la Contraloría haga las auditorías.
Esta maraña legal y judicial que solo beneficia a los corruptos, no puede tener la venia de la máxima instancia judicial, el último peldaño de la defensa de la democracia y la transparencia.
perlas escandalosas. A medida que se levanta la alfombra, se comprueba que el Fonacide es una orgía de corrupción. Al Municipio de Humaitá se le entregó G. 1.600 millones y solo hay escuelas fantasmas. El intendente Julio Caballero confesaba sin el mínimo rubor a radio Monumental que entregó a una constructora el 90% de los fondos y que la empresa se borró. Más que ingenuidad, torpeza o estafa, el intendente demuestra que no está en condiciones de ejercer el cargo.
A diario, concejales denuncian sobrefacturaciones aquí y allá.
Y por culpa de la corrupción de unos cuantos, el Fonacide es hoy una mala palabra, cuando debe ser defendido como una herramienta para el desarrollo educacional que beneficia a los más pobres.
fondo para todos. Aparte de su aporte para la educación, el Fona- cide es una herramienta económica que irriga todos los niveles y donde ganan todos: el gran administrador es el intendente que decidirá las obras; a partir de allí ganan las empresas constructoras locales; las casas que proveen elementos informáticos, las empresas que proveen la merienda escolar, las carpinterías que fabrican los pupitres. Es un fondo para el desarrollo económico, social y educacional. Es la gran herramienta para iniciar la revolución educativa imposible sin los recursos necesarios.
Pero la corrupción y la inmoralidad política están ganando nuevamente la batalla. Y la clase política corrupta que apuesta nuevamente a la ignorancia como herramienta para perpetuarse en el poder.
juez máximo. Por eso, esta acción de una centena de intendentes no puede tener curso. La Corte Suprema debe cortar de plano este atentado contra la transparencia. El año pasado tomó una decisión festejada por los ciudadanos y que provocó un terremoto político al sentar jurisprudencia en el tema de acceso a la información pública. Fue cuando decidió que la nómina de funcionarios públicos con sus respectivas remuneraciones constituye información pública a la cual puede acceder cualquier ciudadano en razón de que es un derecho humano fundamental.
La Corte está en el mismo dilema con esta acción de los intendentes que no quieren transparentar cómo usan y abusan del Fonacide. Es de esperar que corten de raíz este vergonzoso intento de ocultar el desvergonzado manejo del dinero público.
