En la vista de extradición comparecerá el propio Budovsky, su defensa y un representante del Ministerio Fiscal, que defenderá la entrega del reclamado.
Budovsky es un estadounidense de origen ucraniano que adquirió la nacionalidad costarricense tras casarse con una mujer a la que supuestamente pagó una suma de dinero a cambio del matrimonio.
Ingresó en prisión el 29 de mayo pasado por orden del juez español Pablo Ruz mientras se resolvía el proceso de extradición impulsado por EEUU.
Había sido detenido días antes en el aeropuerto de Barajas junto a su presunto lugarteniente -Azzeddine El Amine, de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense- cuando estaban en tránsito procedentes de un vuelo de Marruecos y con destino a Costa Rica, sede de Liberty Reserve.
La detención de ambos se produjo en el marco de la mayor operación contra el blanqueo de dinero realizada conjuntamente con las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos, y que culminó con registros en diferentes países y cinco detenciones: dos en Madrid, dos en Estados Unidos y una en Costa Rica.
Se estima que el entramado desarticulado habría efectuado más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo, cuyo importe superaría los 6.000 millones de dólares procedentes de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil.
A Liberty Reserve se la consideraba la plataforma financiera del cibercrimen y se publicitaba en internet como “el mayor procesador de pagos y de transferencias económicas”, pero la Policía siempre sospechó que funcionaba como sistema de pago electrónico usado por ciberdelincuentes.
Al inutilizar esta plataforma quedó así desmantelado un sistema de pago muy utilizado por los delincuentes en internet, ya que permitía abrir cuentas y hacer transferencias con el único requisito de aportar un nombre, una fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico.
La historia de Liberty Reserve en Costa Rica empezó en 2009 con una serie de transacciones detectadas como sospechosas por el sistema bancario nacional que en 2011 derivaron en una investigación del ministerio público.
Aun así, la organización siguió funcionando por medio de “compañías pantalla”.
A la investigación se sumaron después otros países, especialmente Estados Unidos, cuyas autoridades entregaron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, que mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.
