Editorial

Un puente caído reafirma que el costo de la corrupción es muerte

La tragedia ocurrida en la zona de Tacuatí, San Pedro, en donde un puente sobre ruta asfaltada colapsó en la madrugada del jueves, arrastrando a tres vehículos y causando el fallecimiento de tres personas, reafirma que el costo de la corrupción lamentablemente provoca la pérdida de vidas humanas. Las construcciones de obras con materiales precarios, con precios inflados, sin verdadero control de calidad, ni exigencias de buen mantenimiento, para favorecer a una rosca política y empresarial vinculada al poder, se deben acabar. Es urgente realizar una investigación rigurosa e imparcial para determinar lo ocurrido en este penoso episodio y sancionar debidamente a los responsables, pero por sobre todo debe haber una exigencia ciudadana de transparencia, honestidad y verdadero servicio en torno a las obras públicas con dinero del pueblo.

Se podría decir que fue un accidente, pero probablemente pudo haber sido evitado, porque los pobladores ya habían avisado el pasado 21 de abril a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que un puente de hormigón sobre el arroyo Lorito, en la ruta que une a la ciudad de Tacuatí, San Pedro, con la ruta PY08, estaba en pésimas condiciones y que corría el riesgo de hundirse, pero la secretaría de Estado solo envió un equipo que presuntamente verificó y aseguró que no había peligro, así que lo dejaron como estaba.

En la madrugada del jueves último la estructura de la cabecera del puente se hundió, arrastrando a dos camiones y una camioneta, lo que causó el fallecimiento de tres personas y dejó a otras personas con lesiones graves.

Los reportes acerca de lo ocurrido han causado una honda conmoción en la ciudadanía.

Una camioneta, un camión y otro tractocamión, con sus tripulantes, cayeron unos tras otros al precipicio, al no poder divisar que el paso vehicular ya estaba colapsado. Una mujer fue arrastrada por las aguas y permaneció desaparecida durante varias horas, hasta que finalmente hallaron su cuerpo ya sin vida.

El costo de la corrupción es muerte, sostienen algunos analistas. En esta ocasión, esa es una triste verdad.

Aunque el puente haya sido construido en el 2002, cuando todavía el camino era terraplenado, el asfaltado de 39 kilómetros, desde Cruce Tacuatí hasta Horqueta, se construyó recientemente y fue inaugurado en noviembre del 2019 por el presidente Mario Abdo Benítez y el ministro Arnoldo Wiens. Debería ser lógico que al construir una nueva ruta pavimentada, que implica incorporar mucho mayor tráfico, se debería contemplar una revisión y refuerzo de los puentes y de todas las estructuras en el trayecto, algo que evidentemente no se hizo en forma. Por ello resulta injustificable la excusa que planteó el jefe de Estado, cuando declaró que el puente se construyó en otra administración anterior, buscando desligarse de lo ocurrido.

La aparente desidia en verificar las denuncias de los pobladores sobre el estado del puente y permitir que se siga circulando, es una falta grave de los técnicos y las autoridades del MOPC, pero lo ocurrido lleva a otra cuestión mucho más de fondo, que tiene que ver con las constantes denuncias de hechos de corrupción que rodean a las obras públicas, en los sucesivos gobiernos.

Las construcciones de obras con materiales mucho más precarios que los declarados, con precios que generalmente son inflados —tal como se detectó en una auditoría a la famosa pasarela de oro en la autopista Ñu Guazú, sin que exista sanción alguna—, sin verdadero control de calidad, ni exigencias de buen mantenimiento, para favorecer a una rosca política y empresarial vinculada al poder, se deben acabar definitivamente.

Es urgente realizar una investigación rigurosa e imparcial para determinar lo ocurrido en este penoso episodio y sancionar debidamente a los responsables, pero por sobre todo debe haber una exigencia ciudadana de transparencia, honestidad y verdadero servicio en torno a las obras públicas con dinero del pueblo.

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