EFE
“Ellos son los culpables de que muchos países nos consideren un paraíso fiscal. La élite panameña tiene que preguntarse qué ha hecho con el país, a quién ha ayudado a esconder fortunas, a qué narcotraficante, a qué mandatario, a qué corrupto”, denunció el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Los papeles de Panamá han revelado que cientos de personalidades de todo el planeta contrataron los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para gestionar su patrimonio y supuestamente evadir impuestos al fisco.
El despacho de abogados, que tiene 40 oficinas en distintos continentes y emplea a más de 500 personas, es considerado el quinto más grande del planeta en creación de compañías “offshore”.
“En Panamá hay un Estado de corrupción legalizada en el que la mayoría de los panameños no tenemos nada que ver. Pregúntate cuántos panameños, de los cuatro millones que somos, podemos tener o crear una empresa en un paraíso fiscal”, sostuvo Méndez durante una entrevista en la sede principal del sindicato, ubicada en el humilde municipio de San Miguelito.
El pueblo panameño es, según el sindicalista, el único que va a sufrir el impacto económico de este escándalo porque la élite “va a seguir igual”.
La primera consecuencia directa ha sido la inclusión del país en la lista francesa de paraísos fiscales, de la que salió en 2011 tras la firma de un tratado de doble tributación e intercambio de información financiera.
“Nosotros creemos que se debe reformar el Estado, pero ¿quiénes lo van a hacer, los mismos que gobiernan este país y tienen sociedades ‘offshore’? Por supuesto que no. Es su modo de vida, es su sistema”, ironizó Méndez.
A los pocos días de que estallara el escándalo, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, anunció la creación de un comité de expertos para revisar las prácticas del sistema fiscal y financiero, liderado por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
La medida fue muy cuestionada y criticada por una parte de la opinión pública panameña porque en el gabinete presidencial hay varios ministros que se dedicaban a la gestión de patrimonios antes de entrar en política.
"¿Cuándo vamos a hablar en este país de distribución de la riqueza? La situación es salvaje, somos el país más desigual de América Latina: 115 milmillonarios se reparten 15.000 millones de dólares y encima esconden dinero en paraísos fiscales”, denunció el líder sindical.
La recuperación del Canal en el año 2000, tras cien años de dominio estadounidense, iba supuestamente a reducir esta dualidad social porque el Estado iba a tener más recursos para destinarlos a políticas sociales. Pero, en palabras del dirigente, “todo fue una ilusión”.
“El Canal está ahí, sí, pero no ha cambiado la forma de vida del común del panameño. Y la ampliación (que se va a inaugurar el 26 de junio) va por el mismo camino”, indicó el sindicalista, que fue una de las voces más críticas contra el ensanche.
La vía interoceánica genera anualmente cerca de 2.600 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones van a parar al Tesoro panameño. Con la ampliación, que se inició en 2007 con un coste de 5.250 millones de dólares, el Estado espera triplicar esos ingresos.
Méndez, que ingresó en el Suntracs en los años noventa, cuando trabajaba como soldador en un gran proyecto y entró en contacto con las injusticias de la obra, también habló de la crisis de credibilidad del sindicalismo latinoamericano y del panorama político de Panamá.
“La situación política aquí es tan grave que no existen ni las izquierdas ni las derechas. Solo hay miedo al comunismo, la gente piensa como si estuviéramos en plena guerra fría”, dijo el líder del Suntracs, en el cargo desde 2010.
La principal consecuencia de la larga presencia estadounidense en este pequeño país, que lleva una década liderando el crecimiento económico de América Latina, es la “ausencia de partidos de izquierda” y el avance del neoliberalismo.
De ahí, explicó Méndez, que el sindicato se esté planteando concurrir a las presidenciales de 2019 y refundar el Frente Amplio por la Democracia (FAD), formación que se presentó a las elecciones de 2014 y apenas alcanzó 0,6 % de los votos.
“Nos faltó experiencia y músculo financiero. Hoy en día, tenemos 23.000 inscritos y necesitamos más de 90.00 para constituirse como partido. La participación o no del FAD en las elecciones de 2019 depende de todo lo que hayamos logrado desde hoy hasta entonces”, concluyó el líder sindical. EFE
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