Por Rino Giret
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En julio de 2009, se inició a pedido del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) un juicio de mensura sobre la propiedad que la firma Agroganadera Aguaray SA posee en el distrito de General Resquín, Departamento de San Pedro, a raíz de una denuncia radicada en el ente agrario por la Comisión de Sintierras Aguaray, que denunció que dentro del inmueble había excedente fiscal, es decir, tierras de origen fiscal.
El juicio se tramitó en el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 8° turno de la capital, por entonces a cargo de Neri Joel Kunzle, quien designó como perito agrimensor a Filemón Melgarejo, funcionario del Indert.
Aguaray SA es un imperio agrícola ganadero que se constituyó en el 2005 y que tiene como presidente a Emilio Evaldo de Araujo, un brasileño que desembarcó en Paraguay en la década del 70 e invirtió en la compra de tierras. Actualmente, su establecimiento posee 30.558 hectáreas, ubicadas entre el distrito de General Resquín e Ypejhú, Departamento de Canindeyú. La firma proviene de otra firma similar del mismo nombre.
Evaldo de Araujo viviría en São Paulo, Brasil, aunque Manuel Riera, abogado de la sociedad comercial, dice que “vive entre Paraguay y São Paulo, viene y se va”.
La primera sentencia Catorce meses después, el 19 de noviembre de 2010, el entonces juez Kunzle emitió la sentencia N° 1000 por la que aprobó la mensura judicial y estableció que la superficie mensurada ascendía a 30.558 hectáreas. Estableció además que Agroganadera Aguaray SA justificó títulos por 28.066 hectáreas, lo que puso al descubierto que existían 2.491 hectáreas que no tenían títulos. La denuncia presentada por la Comisión de Sintierras Aguaray era cierta.
En el capítulo referente a excedentes fiscales, el Estatuto Agrario establece en el artículo 104 que el juez debe declarar el excedente como tierra fiscal y ordenar la inscripción a favor del Indert.
Por extraña y curiosa razón, el juez de la causa no declaró en su sentencia de forma clara y taxativa que las 2.491 hectáreas sin título eran fiscales, con lo que abrió las puertas para una truculenta guerra judicial por el excedente, que continúa hasta hoy.
Ante esta situación, el abogado Carlos Peralta, quien lleva el caso judicial en representación del Indert, solicitó al juez una aclaratoria de su sentencia. El 3 de diciembre de 2010 surgió una nueva sentencia, que antes que aclarar solo aportó más confusión y solo reiteró que dentro de la superficie mensurada se habían justificado títulos por 28.066 hectáreas, pertenecientes a la agroganadera.
Como el juez nunca declaró como fiscal el excedente, el Indert no pudo inscribir a su favor las 2.491 hectáreas en el Servicio Nacional de Catastro ni en Registros Públicos.
Juicio relámpago. Un año después, el 19 de diciembre de 2011, la Agroganadera Aguaray SA promovió una demanda de usucapión en contra de la firma que le había vendido las tierras, Ganadera Ypoa SA, alegando que desde 1977 se encuentra en posesión del excedente de 2.491 hectáreas, lo que le otorga suficiente derecho para reclamar posesión.
La demanda fue tramitada ante el juzgado de Silvino Delvalle, por entonces juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la capital.
Lo más curioso es que los abogados de la Agroganadera Aguaray, César Núñez Alarcón y Fausto Portillo Lugo, presentaron para la demanda la mensura realizada por el Indert.
Peralta, el abogado del ente agrario, considera esto una irregularidad aviesa, mientras que Riera, abogado de la agroganadera, minimiza el hecho y dice que ello no tiene importancia.
La demanda de usucapión alega que se trata de un excedente privado y no fiscal, debido a que esas tierras fueron transferidas por el Estado al general Bernardino Caballero el 2 de agosto de 1889. Es decir, ya tenían dueño.
En siete meses, descontando la feria judicial de enero, Silvino Delvalle dictó sentencia N° 738 el 31 de agosto de 2012 haciendo lugar a la demanda de usucapión de la Agroganadera Aguaray SA y ordenó al Servicio Nacional de Catastro y a Registros Públicos inscribir el excedente a favor de la firma del hacendado brasileño.
Diecinueve días después, Registros Públicos inscribió el excedente a favor de la agroganadera.
El Código Civil declara en su artículo 1900 inciso b que “los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueños” son bienes del dominio privado del Estado. Y el artículo 1993 del mismo Código establece que “las tierras del dominio privado del Estado y de los entes autónomos del derecho público no pueden ser adquiridas por usucapión”.
Neri Joel Kunzle se jubiló como juez el 1 de julio pasado y Silvino Delvalle fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el 13 de setiembre de 2013 por “parcialidad manifiesta e ignorancia de las leyes en juicio”, aunque por otro caso, dejando un tendal de denuncias en su contra.
Una prueba de que la Justicia es “rápida y eficiente” para algunos.