El juez penal de garantías de San Lorenzo, Gustavo Chilavert, quien había ordenado en mayo pasado a la fiscala Viviana Riveros el decomiso de las máquinas tragamonedas de una fábrica y de varios locales, ahora pidió la devolución de las máquinas a los dueños, pese a que están imputados por violación a la ley de juegos de azar. La decisión judicial es porque el caso aún no es cosa juzgada para que los objetos sean decomisados y destruidos.
Según Pablo Pérez, director general de la Policía Municipal de San Lorenzo, en la ciudad existen al menos 5.000 máquinas que fueron distribuidas por la empresa Sebuca SA, propiedad de Luis Gilberto Cataldo Moyano y de Sergio Antonio Burgos Calabrano, este último chileno.
Según Pérez, los mencionados empresarios no cuentan con ninguna factura legal y en ningún momento pagaron tributo a la Municipalidad y mucho menos a la Conajzar por sus máquinas, cuyo negocio desvía al menos 2 millones de dólares anuales al Fisco. El caso ahora está en la Cámara de Apelaciones de Arnaldo Levera, Patricia Centurión y Ramón Insfrán.