Cualquier restricción o presión debe considerarse como un atentado a la libertad de expresión, resalta. En segundo término, dice, el proceso penal y la sanción penal contra periodistas por investigaciones, opiniones u otras declaraciones “no son justificables, desde los estándares de derechos humanos y libertad de expresión”. Más aún cuando se trata de funcionarios públicos. La Codehupy, en un comunicado, advierte sobre el grave atentado contra la libertad de expresión que constituye el fallo judicial hacia el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, “como consecuencia de investigaciones periodísticas que realizaron desde ese medio de comunicación”. La investigación relataba presuntos hechos de corrupción de una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, “lo que resulta un asunto sumamente relevante para la opinión pública”. Además, la jurisprudencia y los organismos internacionales de promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión se han manifestado “en contra de la utilización de sanciones penales contra periodistas”. Un proceso y una condena penal, como en este caso, “no son justificables, pues buscan restringir o desalentar las investigaciones”.