De alguna manera, a pesar de que las autoridades de Salud habían prometido que se ejercería un estricto control del proceso de vacunación contra el Covid-19, igual esperábamos que —en un país marcado por la corrupción, el tráfico de influencias y la falta de responsabilidad ética por parte de la dirigencia política— ocurran algunos casos de avivados que consigan vacunarse de manera ilegal o irregular, como ha ocurrido en otros países.
Sin embargo, apenas se encuentran en primera fase las jornadas de vacunación contra el coronavirus para los adultos mayores y ya se maneja una lista de alrededor de 500 personas que habrían recibido las preciadas dosis, sin que aún les corresponda. Son en su gran mayoría políticos, autoridades y funcionarios estatales o miembros de su entorno, que se aprovecharon de vínculos de influencia para apropiarse irregularmente de un recurso estatal que estaba destinado a personas más vulnerables y necesitadas.
Ya en la etapa inicial, que correspondió exclusivamente a médicos y demás personal de blanco, se registraron situaciones de que se había vacunado a algunas personas a las que aún no les correspondía. Este hecho causó la destitución de los directivos de los hospitales de Caacupé y de Guarambaré.
A mediados de abril, en la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, se detectó que más de un centenar de personas que aún no estaban incluidas en la franja de edad correspondiente, recibieron las dosis indebidamente en una universidad privada, propiedad del gobernador local, Roberto González Vaesken, incluyendo entre los beneficiados irregulares a conocidos políticos y catedráticos.
Ahora, el escándalo ha subido de intensidad. Tras la primera denuncia que envolvió a la senadora colorada Mirta Gusinky, a quien el mismo director de la XVIII Región Sanitaria (luego destituido del cargo), Robert Núñez, habría visitado en su casa con una brigada de vacunación para aplicarle la dosis contra el Covid-19, a pesar de no hallarse aún en la franja de edad autorizada, siguieron otros nombres de conocidos políticos y personas vinculadas al poder, como el ex fiscal general Rubén Candia Amarilla, el ex senador chaqueño Cornelius Sawatzky, el legislador parlasuriano Celso Troche, el ex gobernador de Guairá Rodolfo Max Friedmann Cresta, entre otros.
Como si fuera poco, Valentín Sánchez, un técnico informático, se tomó el trabajo de revisar la lista oficial del Ministerio de Salud y de encontrar a casi 500 personas que recibieron las dosis sin tener aún las edades ni las condiciones requeridas. Aunque varios de esos nombres puedan descartarse por justificaciones especiales, igual el número que queda es muy alto y la lista debe ser analizada, investigada y procesada con mucha rigurosidad.
Lo ocurrido es una verdadera vergüenza, que reafirma la gran corrupción y la falta de responsabilidad ética que afectan a la clase dirigente de nuestro país. Se requiere una investigación seria para identificar a todos los involucrados y aplicar sanciones ejemplares desde los organismos de Justicia. No se puede admitir una actitud tan vil, cuando miles de compatriotas mueren todos los días por causa de la enfermedad.
