El 8 de octubre la Fiscalía General designó a los fiscales Juan Ledesma y Jorge Arce encargados de la investigación de supuesta sobrefacturación en la Municipalidad de Asunción, en la compra de desinfectantes que debían ser usados durante la pandemia. Hasta el momento, la investigación no ha avanzado.
En ese entonces ya el intendente Óscar Nenecho Rodríguez estaba en el ojo de la tormenta y hasta ahora continúa sin ser imputado, pese al dictamen de la Contraloría.
Los miembros de la oposición habían denunciado al reelecto jefe comunal ante la Fiscalía, luego de que se haya destapado el escándalo de la supuesta sobrefacturación de insumos, adquiridos supuestamente a través de “empresas de dudosa constitución”.
Clanes familiares favorecidos, facturas dudosas, además de precios exorbitantes se habrían descubierto en este caso, que se había dado en plena emergencia sanitaria.
FACTURAS DUDOSAS. La Municipalidad informó que utilizó G. 16.000 millones de los G. 21.000 millones que recibieron para gastos por emergencia sanitaria.
De ese total utilizado solo dio a conocer facturas por G. 6.252.506.200, tras una orden judicial.
Entre los montos desembolsados, figuran toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600, detergentes a G. 393.800 y desinfectantes con pulverizador a G. 221.650, cada uno.
FAMILIARES. En llamativos procesos de adjudicación, la Comuna capitalina, entre el 2020 y el 2021, sumó varios contratos con diferentes clanes familiares, entre ellos, la familia Cano Martínez, cuyas empresas proveyeron desde saturómetros, kit de alimentos, artículos de limpieza, entre otros, por valor de más de G. 2.656 millones.
En marzo del 2020 se favoreció a la empresa Diest Medicinal, representada por Benicio Cano, con saturómetros a G. 855.000 la unidad. La empresa había sido amonestada antes por IPS.
En abril, la firma Bastian Comercial, de María Verónica Cano, fue adjudicada para proveer artículos de limpieza.
Y luego es contratada Comercial Asuncena SRL, también de Benicio Cano, para dar kit de alimentos.
