La orden pretende modificar la interpretación actual de la enmienda 14 de la Constitución de EEUU, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La medida solo se aplicaría a nacimientos futuros, según adelantó un miembro del equipo de Trump este lunes por la mañana en una rueda de prensa antes de que tomara posesión el nuevo mandatario.
En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2017-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.
La Casa Blanca no ha detallado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos consideran inconstitucional.
La primera demanda en su contra llegó este mismo lunes. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos humanos señalaron ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Nuevo Hampshire que esa orden estigmatizará no solo a los niños afectados, sino a “muchos otros que verán su ciudadanía cuestionada por su raza o quiénes son sus padres”.
“Estos niños tampoco podrían obtener la identificación requerida y, a medida que crezcan, se les negaría el derecho a votar, formar parte de jurados, desempeñar determinados trabajos y ser miembros de pleno derecho de la sociedad estadounidense, aunque hayan nacido en Estados Unidos y nunca hayan vivido en otro lugar”, lamentaron en un comunicado.
Para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados, según explicó recientemente el historiador Scott Bomboy en un análisis publicado por el National Constitution Center, institución dedicada al estudio de la Constitución.
No existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en EEUU de padres indocumentados. Según los datos más recientes del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1,3 millones de adultos estadounidenses cuyos padres carecían de estatus legal en el país.
Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, un instituto sin afiliación partidista, recoge que actualmente la interpretación actual de la enmienda 14 implica que los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, el estudio advirtió que el Tribunal Supremo “no ha zanjado firmemente la cuestión en la era moderna”, por lo que posibles desafíos legales podrían modificar la interpretación actual.
Fuente: EFE.
