13 jun. 2025

Tribunal sobresee al senador Yambay

El Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala, confirmó el sobreseimiento definitivo del senador Amado Enrique Yambay por delitos de enriquecimiento ilegítimo, extorsión y cohecho pasivo. El juez Meneleo Insfrán le había concedido ese beneficio el 29 de noviembre de 2004.
Los camaristas Manuel Silvio Rodríguez, Natividad Meza y Nery Villalba entendieron que el fallo se ajusta a derecho, por lo que rechazaron la apelación promovida por el fiscal Nelson Ruiz, a más del querellante adhesivo Víctor Llano.
Asimismo, el fallo de segunda instancia benefició al abogado César Luis Gamarra Pascottini y Miguel Ángel Gómez, ambos coprocesados junto con el congresista. Los tres quedan así desvinculados totalmente del juicio.
En la causa, el legislador había sido filmado al recibir dinero, durante un operativo encubierto encabezado por el entonces fiscal Francisco Vergara. Se pidió una suma varias veces millonaria a Eladio Gaona Lugo, para que se realizara el cobro de la indemnización por la expropiación de un inmueble.
El caso había tenido varias irregularidades, tales como la separación del agente del Ministerio Público.
fundamentos. En el fallo, se citan los agravios tanto de Llano como del fiscal, quienes remarcan la nulidad de lo resuelto por Insfrán. Alegan que se constató que tanto Yambay como Pascottini se aprovecharon de la víctima, por su grave estado de salud.
Al final, los dos apelantes solicitaron la nulidad del fallo y el reenvío. Es decir que otro juez de Garantías realizara una nueva audiencia preliminar.
La defensa, por su parte, alega que hubo errores sustanciales en la acusación, que necesariamente motivaron el sobreseimiento definitivo dispuesto por el magistrado Meneleo Insfrán.
Los camaristas, al argumentar su decisión, alegan que no hubo perjuicio patrimonial. Por lo tanto, dicen, no se produjo la extorsión, como señalan el fiscal y el querellante adhesivo, sino que todo se trató de un acuerdo entre las partes. Tras el fallo, incluso se da pie a que el denunciante pague una suma al abogado.