La solicitud fue presentada por el CDE la semana pasada con el fin de mantener inmovilizados bienes y depósitos bancarios no incluidos en un fallo del pasado 24 de agosto de la Corte Suprema, que ordenó decomisar bienes por USD 1,62 millones pertenecientes a Augusto Pinochet.
También el máximo tribunal chileno condenó a tres militares retirados por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en el denominado “caso Riggs”, pero no ordenó el decomiso por la totalidad del monto investigado, que llegaba a USD 17,86 millones.
La medida solicitada por el CDE fue acogida por la jueza Carolina Ramírez, del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, y afecta a 16 herederos de Pinochet, incluidos su viuda, Lucía Hiriart, sus hijos, Augusto, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio, a doce nietos y cinco bisnietos.
El CDE estimó que el decomiso debe ser por la totalidad del patrimonio “mal habido” por Pinochet, sobre la base del propio fallo de la Corte Suprema que señala que sus herederos “son adquirentes de mala fe y no podían menos que conocer el origen delictivo de tales bienes”.
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El dictamen de la jueza Ramírez considera “plausible” la solicitud del CDE y señala que los efectos del decomiso podrían frustrarse “de no mediar medidas que aseguren los bienes objeto de la acción”.
Por ello, prohibió la celebración de contratos y otros actos sobre 23 propiedades situadas en las regiones Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Tarapacá (norte) y Los Ríos (sur), entre las que figuran parcelas, departamentos, bodegas y un fundo, además de tres vehículos.
También quedaron congeladas tres cuentas bancarias en el Banco de Chile (una con USD 2,5 millones; otra con USD 7.997 y la tercera con USD 1,35 millones); una cuenta del Banco Estado por USD 952.851 y tres cuentas del Banco de Boston (actualmente Itaú), que suman 124.566.242 pesos chilenos (USD 188.736 al cambio actual).
De acuerdo con el CDE, los bienes fueron obtenidos a través de empresas ficticias en las que Pinochet figuraba con nombres falsos.
En 2010, un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet acumuló una riqueza superior a USD 21,32 millones, de los que USD 17,86 millones no tenían una justificación contable.
La investigación del caso Riggs se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.
Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el caso Riggs por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
Pinochet legó el 51,8% de sus bienes a su esposa Lucía Hiriart, en tanto que cada uno de sus cinco hijos recibiría un 7,14% del patrimonio, mientras doce de sus 25 nietos y cinco bisnietos se repartirían el 12,5% restante, en distintas proporciones.
