Con el traslado de 403 internos del Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) y 215 presos del Centro de Prevenidos de Ciudad del Este, y su reubicación en otras penitenciarias del país, el Ministerio de Justicia informó la culminación con éxito del Operativo Umbral 3.5, una acción estratégica que permitió concretar la separación efectiva entre personas condenadas y personas procesadas en el sistema penitenciario de mayores.
Tras este procedimiento, tanto el penal de Asunción como el de Ciudad del Este quedan reservados únicamente para personas procesadas (con causas abiertas).
Sobre el gran despliegue de seguridad, el ministro Rodrigo Nicora explicó sobre la urgencia de la reforma señalando que la población penitenciaria nacional ronda las 20.500 personas, de las cuales cerca de 13.000 se encuentran bajo prisión preventiva con procesos aún abiertos.
En ese sentido, señaló que este reordenamiento busca agrupar de forma correcta a la población penal, reducir el hacinamiento y optimizar los programas de reinserción social.
“Podemos concluir que finalmente, tanto el Centro Nacional de Prevenidos como la Penitenciaria Regional de Ciudad del Este cuentan exclusivamente con personas procesadas y ya la penitenciaria regional de centro de reinserción Minga Guazú cuenta con caso el 90% de su capacidad y en Martín Mendoza (Emboscada) se encuentra ya con el 80% de su capacidad. Con todos estos traslados se responden a un nuevo modelo de gestión penitenciaria”, explicó el ministro.
Además, resaltó que “se realizaron más de nueve operativos que permitieron el traslado de 4.095 personas privadas de libertad. Hemos hecho el traslado sin ningún rasguño. Hablamos de un trabajo exitoso”.
Entre la noche del domingo y madrugada de ayer, se produjo el traslado de 618 internos, 403 fueron sacados de la ex cárcel de Tacumbú y 215 del Centro de Prevenidos de Ciudad del Este para ser llevados a los penales de máxima seguridad de Emboscada (Cordillera) y Minga Guazú (Alto Paraná), respectivamente.
Con el último traslado, la ex Tacumbú queda con una población de 1.100 internos, un número muy inferior de los 4.000 presos que llegó a albergar el centro penitenciario.
Del operativo participaron 420 efectivos de la Policía Nacional y 182 miembros de las Fuerzas Armadas, además de 100 agentes penitenciarios y 85 profesionales de blanco.
- 403 personas privadas de libertad del penal ex Tacumbú fueron trasladados a la cárcel de Emboscada.
- 215 internos del Centro de Prevenidos Regional de Ciudad del Este pasaron al penal de Minga Guazú.
Riera cuestiona a jueces y fiscales por poco uso de tobilleras
Ante la crisis de seguridad y el déficit de mayor presencia policial en las calles, el ministro del Interior, Enrique Riera, apuntó directamente contra jueces y fiscales por el escaso uso de las tobilleras electrónicas.
El secretario de Estado reclamó que la tecnología reemplace de forma urgente el control policial presencial en los casos de arresto domiciliario, liberando así a los agentes para patrullajes preventivos en las calles.
Según los registros, solo se usan 200 de las 1.000 tobilleras electrónicas disponibles, por lo que 800 aparatos permanecen guardados listos para su implementación inmediata.
En ese sentido, el ministro Riera remarcó que, pese a que el sistema tecnológico ya se encuentra plenamente operativo, su implementación sigue siendo limitada debido a la escasa aplicación por parte de jueces y fiscales, por lo que está situación impide optimizar recursos humanos tanto en la Policía Nacional como en el sistema penitenciario.
“La idea es usar la tecnología y así tener a más policías disponibles para la seguridad del país. Pedimos a jueces y fiscales que usen esta tecnología”, señaló Riera.
Sobre el punto, recalcó que la utilización de estos dispositivos permitiría liberar una importante cantidad de efectivos policiales que actualmente son destinados gran parte de su tiempo a tareas de verificación del cumplimiento de arrestos domiciliarios ordenados por la justicia. “Para la Policía, sería liberar casi 8.000 policías que se abocan a verificar a personas con arresto domiciliario, y para el Ministerio de Justicia sería 800 personas privadas de libertad menos en las penitenciarías”, sostuvo.
