La denuncia la realizó por presunta coacción, estafa y cohecho pasivo, pero sin mencionar nombres, ya que lo hizo contra “personas innominadas”, y pidió que Karen Leguizamón, titular de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (Asicopace), sea convocada para prestar declaración testimonial ante publicaciones que afirman que es una de las supuestas víctimas.
Además, en el documento, Soria alega que se enteró del caso recién el miércoles, mediante la prensa y las redes sociales, por lo que la denuncia es para “deslindar cualquier responsabilidad”.
En comunicación con ÚH, sostuvo que el Senave no iniciará ninguna investigación interna, pero que quedará a disposición de la Fiscalía, así como siguen esperando las pruebas del caso que los comerciantes aseguran tener.
Sin embargo, el funcionario reconoció que la entidad a su cargo necesita mejorar en cuanto a los controles para otorgar el documento de Afidi, por lo que adelantó que están elaborando un nuevo procedimiento con Aduanas.
“En la próxima semana ya vamos a presentar la nueva propuesta. Son 54 importadores habilitados por el MAG y están los importadores que no tienen la capacidad de pagar la cantidad que piden. Con este nuevo procedimiento, tendrán que demostrar que tienen la capacidad de traer el volumen que piden que se les habilite”, acotó.
Cuestionó a quienes denunciaron a su administración, alegando que uno de ellos “ni es importador, mientras que otro sí es importador, pero no de tomate. “Cada uno busca solamente su conveniencia”, manifestó.
Importadores aseguran que tienen videos y otras pruebas
Adolfo Sosa, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Mercado de Abasto, cuestionó a Pastor Soria y afirmó a ÚH que la denuncia es una simple estrategia para “lavarse las manos”.
“Calculamos luego que todo iba a quedar así, que no va a ser removido. Todo sigue como antes”, lamentó.
Aseguró que sí tienen pruebas del supuesto esquema de coimas y que consisten en grabaciones, videos, transferencias que se les hacía a los designados para recibir el dinero, entre otras.
En tanto, dijo que decidieron primero entregarlas al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, a fin de ver si actúa y aparta a los responsables del hecho.
Detalló que el supuesto cobro ilegal es de G. 300 por kilogramo de tomate, por lo que el monto por carga rondaría los G. 10 millones, movilizando alrededor de G. 230 millones semanalmente, solo con este producto.
