05 ago. 2025

Tras casi un mes, se presenta denuncia contra la ex fiscala

A un par de días de cumplirse un mes de haberse aprobado la resolución en el Senado, se presentó oficialmente ayer ante el Ministerio Público la denuncia penal contra la ex fiscala Sandra Quiñónez.

Se le acusa por prevaricato, mal desempeño de funciones, obstrucción a la investigación penal, complicidad y otros hechos punibles.

El director jurídico del Senado Miguel Ángel Brítez, quien llevó la documentación a la Fiscalía, sostuvo que se dio cumplimiento a la resolución del pleno del Senado.

“Con la firma del presidente, quien ha cumplido con su deber previsto en el reglamento del Senado, bajo la firma profesional, en mi carácter de director. Hemos tenido el acompañamiento del asesor Marcos Kohn Gallardo”, explicó Brítez, en una conferencia de prensa.

“Hay una necesidad de investigación de la conducta (...). Esas figuras son prevaricato, mal desempeño en sus funciones, obstrucción a la investigación penal, complicidad y otros hechos punibles que están en la resolución de la Cámara de Senadores”, mencionó el abogado.

“Hemos decidido acompañar el acta de la sesión para que el fiscal tenga a su cargo, eventualmente, todos los elementos expuestos por los diferentes senadores para sustentar la presente denuncia”, indicó a los periodistas.

“Los casos se refieren a inacción a anteriores denuncias que ha realizado la Cámara de Senadores, conclusiones de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación)”, remarcó.

“Están como elementos de resultado de investigación de las comisiones respectivas. No se profundizan. Simplemente se evalúa la conducta de inacción, supuestamente, desplegada por la ex fiscala”, aclaró.

antecedentes. El 30 de marzo pasado se había aprobado en general el proyecto que fue promovido por la bancada del Frente Guasu, con Jorge Querey al frente.

Hubo una abierta oposición por parte del cartismo, aunque finalmente se consiguieron los votos.

Ante la disparidad de criterios y los roces que se generaron, se resolvió que el tratamiento en particular quedaría para otra sesión.

En la resolución, justamente se le denuncia a Quiñónez la falta de impulso en diferentes investigaciones presentadas por los senadores.

En ese contexto, se menciona el informe final de la CBI sobre lavado de dinero y otros delitos conexos, caso Darío Messer y otros.

También, contra varios funcionarios del Estado que facilitaron por complicidad o por omisión de diferentes tipos de hechos punibles.

Además, la denuncia que fue presentada contra varios gerentes y facilitadores de las empresas de Horacio Cartes; y el vínculo existente entre bancos de plaza y Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.

Otro punto es la denuncia de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos, en donde se hallan involucradas varias personas, entre las que se cita a Cartes, el diputado Erico Galeano y otros.

Esta cuestión de los nombres generó una discusión aparte, ya que los cartistas querían que se eliminen, pero finalmente se aprobó así.

En la resolución, aprobada por el Senado, se autorizaba al titular del Congreso y al equipo jurídico a presentar el informe y las conclusiones de ambas CBI, que es lo que se concretó ayer. Se aclaró que todos estos documentos habían sido entregados durante la gestión de Quiñónez.


Abogado habla de expectativa de pena hasta 10 años
Uno de los asesores del Congreso, Marcos Kohn Gallardo, indicó que son varios hechos punibles, y que entre los más graves está el prevaricato.
Remarcó que, conforme al Código Penal, este hecho tiene una expectativa de pena privativa de libertad entre 6 meses hasta 10 años.
Trajo a colación que no han recibido ningún informe de parte del Ministerio Público en relación a las denuncias presentadas por el Senado.
“Lo que venimos a decir, simplemente, es que el Ministerio Público, pese al tiempo transcurrido, nada ha hecho sobre la base de las denuncias concretas que ha realizado el Senado”, dijo.
“Por lo tanto, preocupado, el pleno del Senado remite una nueva denuncia ante el nuevo fiscal general del Estado, a ver si esta vuelta se ponen las pilas y comienzan a investigar”, sostuvo el abogado.
“Son varios hechos punibles.. Entre los más graves figura el prevaricato, que, conforme al Código Penal, hasta 10 años de pena privativa; entre seis meses y diez años”, indicó Kohn.
“No podemos decir que exista ningún tipo de conducta hasta que sea investigado. No tenemos toda la información. Podría ser la conducta eventualmente”, fue su respuesta cuando se le insistió sobre la falta de investigación de Quiñónez.