El debate inició alrededor de las 17:00 y se extendió hasta cerca de las 21:00, con la oposición cuestionando duramente el proyecto del Ejecutivo, apuntando especialmente que viola varios artículos de la Constitución Nacional, puenteando al Congreso para modificar el Presupuesto, atacando leyes y aprobando empréstitos internacionales sin necesidad de pasar de vuelta por el Parlamento. Además, el proyecto de ley, que ahora deberá ser estudiado por la Cámara de Diputados, extiende su vigencia a la probable modificación del Presupuesto General del próximo año.
Uno de los pocos que defendió la propuesta fue el oficialista Derlis Maidana, de la Comisión de Legislación, quien aseguró que no se viola la Constitución porque basta “nada más que exista una autorización legislativa”. Añadió que el país está en crisis, con un Gobierno afrontando aproximadamente USD 1.000 millones de deuda, y afirmó que con los USD 600 millones “se estarían paliando algunas necesidades”.
La senadora Kattya González, quien se opuso al proyecto, denunció que apenas ayer por la siesta recibieron la lista de las empresas a las cuales se adeuda. Además, subrayó que los documentos no hacían referencia al objeto de pago, sino solo a los montos y empresas. “Si el Gobierno anterior fue tan corrupto por qué vamos a pagar”, cuestionó, añadiendo, que el plan ataca la Constitución Nacional, afirmación a la que se adhirieron los demás legisladores de la oposición.
González insistió que se renuncia a la facultad del Congreso, establecida en el artículo 202, numeral 10 de la Carta Magna. “Lo que vamos a aprobar hoy es una violación constitucional, nos estamos poniendo de rodillas ante el Ejecutivo“, advirtió.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez alertó que “es tramposa la ley”. “Van a ser más de USD 600 millones, la administración central quiere llevar la plata de los jubilados, de las municipalidades y gobernaciones, modifica varias leyes, hay cuestiones técnicas insalvables (...). Se toca el fondeo de las pensiones de IPS”, indicó.
Déficit. Por su parte, el senador colorado Derlis Osorio recordó que el objetivo es asignar facultades extraordinarias al Ejecutivo y cumplir con los compromisos de pago. “También se plantea incrementar el tope del déficit fiscal hasta un 4,1% del PIB en este año. Las acciones buscan garantizar al Gobierno herramientas para gestión transparente y eficiente”, aseguró.
Dionisio Amarilla señaló que las deudas se validaron sin código de Contrataciones y que el presidente Santiago Peña tendría que denunciar el modus operandi, pero votó a favor, actitud que fue cuestionada por su correligionaria Celeste Amarilla.
A propósito, Amarilla afirmó que se acusa que la deuda no fue controlada; sin embargo, hay que pagarla. “Ni un solo Gobierno mereció un cheque como este”, fustigó. También la senadora colorada Blanca Ovelar lamentó que no se enteró de la inclusión del tema en la sesión. “El Senado de la Nación merece respeto, es un tema donde inclusive se discute la constitucionalidad de algunos artículos”, acusó.
