Unas quinientas personas, entre hombres, mujeres y niños, impidieron el acceso a Pindo’i, en el distrito de Tembiaporã, a los miembros del orden público. Una barrera humana se formó en el portón, donde además fueron colocados grandes troncos.
En medio de este ambiente tenso, se negoció una salida armónica entre las partes representadas por sus respectivos abogados. Básicamente, se firmó un acta de acuerdo donde los colonos se comprometen a respetar las mejoras y los cultivos pertenecientes a los ocupantes. En contrapartida, los brasileños podrán hacer uso del resto de la superficie no utilizada en cada finca para llevar a cabo la siembra mecanizada de temporada.
Jorge Dos Santos, abogado representante de los ocupantes, culpó a las instituciones del Estado por no cumplir con lo pactado verbalmente para la compra de 320 hectáreas ofertadas por los productores brasileños al Indert. Por otro lado, el abogado de los brasiguayos Víctor Centurión aclaró que la orden judicial fue para el cumplimiento de un amparo constitucional para el ingreso de los colonos a sus tierras.
