Rápidamente diversas organizaciones sociales y medios de comunicación accedieron a los datos del patrimonio de nuestras actuales o anteriores autoridades.
Sin la realización de un análisis muy profundo, los datos que tomaron estado público nos demuestran descarnadamente la enorme corrupción existente en nuestra clase política.
Durante años esta información estuvo guardada bajo siete llaves en la Contraloría General de la República, sin que este organismo -responsable de la custodia del Patrimonio del Estado- haya realizado un análisis de la consistencia de los datos y haya realizado alguna denuncia al Poder Judicial, como le obliga la Constitución Nacional.
Ahora que la información ha tomado estado público, veremos qué acción toman los organismos de control y qué castigos reciben aquellos que se han enriquecido a costas del patrimonio del Estado.
Esta situación de gran transparencia que vivimos actualmente en nuestro país trae a mi memoria lo ocurrido en la extinta Unión Soviética a finales de la década del ochenta.
En ese momento el fracaso del sistema comunista era evidente y el líder de entonces Mijaíl Gorbachov puso en marcha una serie de reformas que tenía la fuerte oposición de los sectores conservadores del partido.
El proceso de reformas económicas se llamaba en ruso Perestroika y el proceso de mayor transparencia que lo acompañaba se llamaba Glasnost. Lo que ocurrió en la práctica es que la Glasnost avanzó mucho más rápido que la Perestroika.
El pueblo soviético comenzó a enterarse de las matanzas de la época de Stalin y de la enorme corrupción que existía entre los jerarcas del Partido Comunista, pero los cambios estructurales fueron muy lentos, por la oposición de los sectores radicales del partido.
El resultado de gran transparencia y de pocos cambios efectivos llevó a un enorme descontento de la población, que culminó con la caída de Gorbachov y la desintegración de la Unión Soviética.
Salvando las enormes distancias entre aquel hecho y lo que está ocurriendo ahora en el Paraguay, nuestros líderes políticos pueden aprender muchísimo de aquella experiencia traumática, porque como decía Henry Kissinger: “el único laboratorio de la política… es la historia”.
Liberar información y transparentar la acción de nuestros gobernantes es la mejor manera de prevenir comportamientos no deseados, siempre y cuando aquellos que cometen delitos sean castigados.
Transparentar la información y mantener la actual impunidad es el caldo de cultivo para el descontento ciudadano y es el camino seguro hacia una explosión social.
En el escándalo de las compras de equipamientos sanitarios para enfrentar la pandemia del coronavirus tuvo que crearse una comisión especial para controlar dichas compras… porque la Contraloría no había funcionado.
Ahora con este nuevo escándalo de las declaraciones juradas de bienes, dicen que van crear una mesa interinstitucional con la Fiscalía y con Tributación, porque nuevamente la Contraloría no ha cumplido su labor.
Me parece bien que estas tres instituciones coordinen acciones, pero recordemos que es la Contraloría la que tiene el mandato constitucional de recibir las declaraciones juradas, de analizar la razonabilidad de los datos que se encuentran en las mismas, de realizar las investigaciones correspondientes y de denunciar a la Justicia si existen delitos.
La solución no son las comisiones especiales ni las mesas de coordinación, la solución es que las instituciones funcionen, caso contrario tendremos algo parecido a la Glasnost soviética… transparencia con impunidad.
