Lo que se quería era modificar los artículos 187 y 192 de la Ley N° 1160/97 - Código Penal, a su vez modificada por Ley N° 3440/08, que fue presentado por diputados de diferentes bancadas.
“Las estafas tienen hasta 8 años y la lesión de confianza hasta 10 años, en casos especialmente graves. Planteamos nominar cuáles son esos casos especialmente graves. Van a pensar dos veces si saben que zafar no será tan fácil. Queremos que en casos de estafa especialmente graves, las penas sean de 1 a 15 años”, había argumentado una de las proyectistas.
El proyecto fue aprobado en Diputados, pero en la Cámara de Senadores, finalmente, se decidió mantener las sanciones en 10 y 8 años de prisión como máximo, como ya está previsto en el Código Penal vigente en la actualidad.
Es evidente, por la argumentación de la legisladora proyectista, junto con otros colegas, que piensan que la única forma de combatir la delincuencia, especialmente estos delitos, es aumentando las penas, como si fuese la mágica solución.
Si fuera de esta manera, en los Estados Unidos no habría crímenes, ya que hay pena de muerte, por lo que esto “les haría pensar dos veces” si es que pueden zafar de la pena capital. Sin embargo, no es así. Es más, tiene uno de los más altos índices de personas encarceladas por distintos hechos punibles.
Lo malo es que este tipo de proyectos se presentan en forma aislada, cuando que existe una Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal, donde sería ideal que se promoviera este tipo de plan para una discusión más amplia y con especialistas.
Sin embargo, la influencia de la época electoral hace que los legisladores tengan ese gen populista que propone leyes con el solo objetivo de causar una buena impresión en el electorado, para decir que son los paladines de la lucha contra la corrupción.
No obstante, la cuestión debe ser analizada más profundamente. El incremento de penas no hará que disminuyan los delitos, sino que, a veces, incluso hace que estos sean perfeccionados para evitar el castigo que tienen.
El problema principal es la impunidad. En los Tribunales tenemos causas que al final prescriben y quedan sin castigo. Que son cajoneadas especialmente en la máxima instancia, dependiendo de quiénes son los procesados.
Si lo que se quiere es disminuir la delincuencia, lo ideal sería que se viera que el sistema penal actual funciona bien. Que los que cometen delitos sepan que serán castigados. Que no zafarán fácilmente. Y, principalmente, que no tendrán impunidad.
Y el buen funcionamiento del sistema penal no debe darse pisoteando derechos que tardamos siglos en tener. No. Para eso tenemos la Constitución y los tratados que firmamos y que debemos respetar.
Eso también demostrará que el sistema funciona. Que el Poder Judicial zafe de las influencias de los políticos, y que los operadores de Justicia no dicten fallos solo para tener el aplauso de la gradería. Que se apeguen a la ley, que es lo que corresponde realmente.
Volviendo al tema, hay que tratar de cambiar esta mentalidad de los paraguayos que piensan que encerrar a la gente es la única solución para acabar con los delitos. Esta creencia de que si un procesado no está preso no hay justicia.
Es ahí donde tendremos una verdadera transformación. Y eso viene por el lado de la educación. De mejorar nuestro sistema. Esto dará finalmente frutos, no ahora, pero cuando se dé, la mejora se verá en lo social y económico. Por ahí es donde se podrán disminuir los delitos.
