Las cámaras de Senadores y Diputados se han visto obligadas a iniciar acciones en contra del escandaloso tráfico de influencia. Ahora, el grave peligro que acecha es que la esperanzadora primavera desatada por las manifestaciones de los ciudadanos indignados acabe en la nada, como en tantas otras ocasiones.
De ese modo, los pequeños avances que se van logrando a través del ejercicio legítimo del poder de las personas interesadas en contar con un país saneado, en el que los fondos públicos sean utilizados con transparencia y destinados a las verdaderas necesidades del país, pueden caer en saco roto.
Para que ello no ocurra es necesario no bajar la guardia para seguir actuando como contralores de los poderes del Estado. Está visto que solo en la medida en que haya una presión ciudadana los que detentan el poder cambian de actitud, aun cuando sea muy a pesar de ellos.
La intervención de la Fiscalía para recabar pruebas es producto de la postura firme asumida por los indignados que se han plantado al conocer cómo muchos legisladores han abusado del poder recibido en las urnas para usarlo con propósitos deshonestos.
Por ahora, los que están investigados son unos pocos. El caso más sonado es el del senador Víctor Bogado, ya despojado del privilegio de su fuero para responder ante la Justicia ordinaria. El otro que ha cobrado notoriedad en los últimos días y ha motivado la intervención de la Fiscalía es el del diputado José María Ibáñez, sobre quien pesa la sospecha de hacer pagar con fondos públicos el salario de sus caseros de Areguá.
Por la salud de la democracia y la vida institucional, es imprescindible que las investigaciones no alcancen solo a algunos que se convertirán en chivos expiatorios y nada más. Es imperativo que los fiscales imputen a todos los parlamentarios sospechosos de cometer algún acto penado por la ley.
Si el Congreso estuvo en el ojo de la tormenta casi como exclusivo protagonista, empiezan a cobrar peso específico los fiscales y los jueces. Bien se sabe que los administradores de Justicia no son confiables y pueden echar a perder los pequeños logros ciudadanos contra la corrupción de los poderosos. Por eso la ciudadanía despierta tiene que estar muy alerta para evitar que los avances sucumban con una declaración de impunidad.
Lo que actualmente se juega en el país es nada más y nada menos que su futuro. Si vuelven a triunfar aquellos que son los principales factores para que el Paraguay figure como uno de los países más corruptos del mundo, es posible que después se presenten pocas oportunidades como las actuales. En cambio, si sale airosa al menos en gran parte la postura ciudadana en contra de la indecencia, se puede esperar un futuro mejor.
Ahora queda estar atentos a las consecuencias de lo que está ocurriendo. La meta es que la impunidad no siga reinando y los culpables de infringir las leyes sean castigados por la Justicia.