Comentó que la Procuraduría General de la República es la institución que representa al Estado paraguayo para defender los juicios, donde puedan existir daños patrimoniales, por lo que el planteamiento de ahorrar USD 24 millones era una propuesta beneficiosa, ya que solamente se iba a pagar unos USD 7 millones, según Lichi.
A su vez, el titular de Petropar expresó que el ex procurador Sergio Coscia, como el asesor jurídico de Petropar, Alberto Mendoza, se encargaron del caso e indicaron que la propuesta era beneficiosa por el ahorro multimillonario que beneficiaría a la estatal.
Lichi señaló que contratará a expertos del área jurídica para que se le haga un seguimiento al polémico caso que salpica a la estatal, añadiendo que de haber responsables dentro de Petropar habría sanciones o despidos.
Gerardo Parodi, miembro del Consejo Intersindical de Petropar, dijo a Última Hora que le hacen responsable de todo lo sucedido dentro de la estatal al director jurídico, el abogado Alberto Mendoza, por lo que piden la separación inmediata del funcionario, ya que desde el consejo consideran que el abogado no cumplió a cabalidad su función de defender los intereses del Estado y la empresa.
DICTÁMENES. De acuerdo con los antecedentes que obran en Petropar, los criterios jurídicos de las sucesivas administraciones que desde el 2012 se plantaron en contra de la demanda de la empresa de maletín Texos Oil fueron dejados de lado por el ex procurador Sergio Coscia y el titular de Petropar, Denis Lichi, para favorecer a dicha empresa con el pago de USD 7 millones en un acuerdo extrajudicial.
Esta situación eleva las sospechas de la gestación de un grave daño patrimonial a la estatal de combustibles, aun cuando el acuerdo en cuestión haya sido dejado sin efecto luego de que se filtrara públicamente. Coscia renunció, pero Lichi se aferra a seguir en el cargo.
Ya en el 2012, el entonces director jurídico de Petropar, Engelberto García, ya había contestado la demanda de Texos pidiendo su rechazo y prescripción, bajo el criterio de que no había obligación contractual debido a que no se firmó el contrato.
Los accionantes habían señalado responsabilidad contractual, pero al no existir esto solo quedó la licitación, que se circunscribe al área administrativa y, en este caso, no hubo incumplimiento alguno.
Por otra parte, ya durante la presidencia de Fleming Duarte, a fines de agosto del 2013, el entonces asesor externo y luego director jurídico Sebastián Irún Croskey había remitido un dictamen de este proceso judicial y afirma que, respecto al fondo de la cuestión, “aparecen irregularidades muy visibles”.
Cita que la empresa argentina solo contaba con un capital de diez mil pesos, “suma ínfima y risible como para garantizar una operación como la que se pretendía contratar”. Afirma que la demanda es absolutamente dudosa y que la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas, establece una situación favorable a Petropar, en cuanto a la cancelación de la adjudicación.
Hacienda aclara que nada tuvo que ver en acuerdo
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, afirmó ayer que no tuvieron conocimiento ni participación el acuerdo extrajudicial que hizo Petropar con la firma argentina Texos.
Dijo que, por otro lado, Hacienda sí recibió el pedido de ampliación presupuestaria de la estatal el 20 de noviembre pasado, para el pago del tema judicial que cree se refería a Texos y que en este caso la responsabilidad sobre cómo se iban a destinar esos recursos es de la entidad.
Rechazó el hecho de que quieran vincularlo de que estaba al tanto de este acuerdo del cual se enteró ahora. Apuntó que le respondieron que consideraban prioritario que paguen otros compromisos.
