El senador liberal Eusebio Ramón Ayala, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) y Seguimiento del Acta Bilateral Relativa a la Contratación de Potencia de la Usina Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, entregó ayer las conclusiones finales del grupo a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Pedro Alliana (Diputados) y Blas Llano (Senadores).
Ayala volvió a insistir que el 80% de la comisión consideró que el acta secreta firmada el pasado 24 de mayo, y que casi le cuesta la presidencia a Mario Abdo Benítez, era dañina para los intereses nacionales.
Sin embargo, aunque ocho de los diez integrantes de la Comisión afirman que hubo daño en la firma del acta bilateral, el informe final es una recopilación de las seis conclusiones definidas en la pasada reunión de la CBI, donde los legisladores no asumieron posturas claras, cuando tres documentos apuntaron al presidente Mario Abdo Benítez y otros tres lo eximieron de responsabilidad.
Aunque la mayoría coincide en que el acta firmada atentaba contra los intereses de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y, consecuentemente, el Paraguay, habían evitado votar sobre este punto, y prefirieron que se remitan las seis conclusiones.
JUICIO POLÍTICO. ”Esta es una investigación de los hechos. Los hechos continúan, no desaparecieron, existieron. Esta es la prueba documental de todo lo que se actuó, conforme a los documentos oficiales con que contó la Comisión. Ahora, la consideración si amerita o no un nuevo pedido de juicio político, eso ya le va a corresponder a las fuerzas políticas, y sobre todo va a tener la iniciativa la Cámara de Diputados”, indicó Ayala al entregar el informe.
Luego reiteró las coincidencias que se presentaron en el texto. “De los diez miembros de la Comisión, ocho firmaron en sus conclusiones que el acta bilateral era lesiva o perjudicial a la Ande y al Paraguay. Dos consideraron que no hubo lesión, que no hubo daño, y por lo tanto no había nada que reclamar, porque el acta fue anulada”, agregó el titular de la CBI.
Añadió que los diez integrantes consideraron que hay responsabilidad de los empleados públicos que participaron en la redacción o en el control del acta del 24 de mayo. “Cuatro coincidimos que los responsables eran el presidente, el ex canciller (Luis Castiglioni) y el ex embajador (Bernardino Hugo) Saguier Caballero. Los seis restantes coinciden que son responsables la Cancillería, con algunos matices porque dos dijeron que son responsables solamente el ex embajador y dos técnicos”, detalló Ayala.
Igualmente, el legislador del PLRA habló sobre la investigación abierta en el ministerio público sobre el acta y sus consecuencias, y afirmó que remitirán a la fiscalía las conclusiones de la CBI “para que le sirva de elementos de juicio para continuar con la investigación”.
Por su parte, el presidente del Congreso, Blas Llano, explicó que el informe ya está a consideración de los diputados y senadores. “Vamos a dar entrada en plenaria y se va a girar a comisiones. Está disponible para todo el que quiera consultar”, indicó, agregando que luego probablemente se debatirá en el pleno de la Cámara Alta.
Lo mismo señaló el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, quien no quiso emitir valoraciones sobre el informe, alegando que son los diputados en conjunto quienes debatirán y decidirán qué medidas tomar luego del análisis del documentos entregados ayer.
