“La bancada del agronegocio, compuesta por parlamentarios de diferentes partidos políticos, promueve una nueva ley de criminalización, en este caso se busca penalizar con 6 años de cárcel a quienes protesten en las rutas del país”, señala la publicación de Base IS, donde se indica que la medida busca cercenar el derecho a la manifestación para proteger a los corruptos y mafiosos.
Recordaron que Riera también fue impulsor de la vigente Ley Zavala-Riera, que aumentó las penas hasta 10 años de cárcel para el delito de invasión de propiedad privada, convirtiendo así en crimen dicho acto, utilizado muchas veces por campesinos sin tierras que reclaman la recuperación de tierras malhabidas, o por indígenas que exigen sus tierras ancestrales.
“Riera es representante genuino de la oligarquía paraguaya y vocero de los latifundistas, por eso actúa de esta manera, para defender los intereses de estos sectores. Están abusando de su poder político y el poder que tienen en el Legislativo, donde supuestamente deberíamos estar representados todos, sin embargo, tenemos un Estado dominado por los sectores reaccionarios, oligárquicos y mafiosos, que están para proteger los intereses de corruptos y mafiosos y perseguir a luchadores criminalizándolos y buscando condenarlos”, manifestó Tomas Zayas, histórico dirigente campesino e integrante del Foro Social del Alto Paraná.
Tratamiento. Las organizaciones cuestionan que el recientemente presentado proyecto de ley, que cuenta con el acompañamiento de representantes de varios partidos políticos (ANR, PLRA, Patria Querida y Hagamos), busque ser aprobado en la sesión de hoy en el Senado, sin realizarse audiencias públicas o consultas más serias.
“El proyecto Riera lo que quiere es coartar la libertad de manifestación, que es legal y constitucional que tienen los sectores organizados y en particular los campesinos e indígenas” señaló el dirigente.
La modificación planteada al Código Penal es al artículo 216 “Intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”, que quedaría de la siguiente manera en el punto 3: “El que produjere un obstáculo, cerrare, obstruyere o demorase de cualquier manera la libre circulación de personas y bienes por las rutas nacionales o internacionales, o cualquier otra vía pública de tránsito (calles, callejones o caminos vecinales) dentro del territorio nacional, será castigado con pena de privación de libertad de hasta seis años”, indica el texto del proyecto del polémico proyecto de ley.
Es para proteger los intereses de corruptos y mafiosos y perseguir a luchadores criminalizándolos.
Tomás Zayas,
Foro Social Alto Paraná.