La imputación relata que Quintana Venialgo fue nombrada como funcionaria permanente de la Cámara Baja en febrero de 2010, con un sueldo de G. 6.618.700. En marzo del año pasado también fue contratada en la Itaipú como asistente administrativa con un salario de G. 8.739.300.
Según la investigación, el entonces presidente de Diputados, Víctor Bogado, pidió a la Itaipú el comisionamiento de Quintana Venialgo para que esta cumpla funciones en la Cámara Baja, donde ya tenía un salario, y, según planillas de asistencia, acudía diariamente. Esto fue concedido por la binacional y de esta forma la mujer cobró de forma ilegal G. 70 millones en Itaipú, de acuerdo con la imputación de los fiscales René Fernández, Liliana Alcaraz, José dos Santos y Claudia Criscioni.
Para la Fiscalía, Bogado mintió y utilizó sus influencias para que Quintana Venialgo sea contratada en Itaipú, ya que él sabía que la mujer trabajaba en la Cámara Baja. De hecho, Quintana Venialgo trabajaba en la oficina del entonces diputado Bogado.
El principal elemento que sustenta la hipótesis del Ministerio Público es la declaración de Franklin Boccia, el ex director de Itaipú. El político liberal contó que Miguel Pérez, secretario privado del senador, le solicitó en nombre del legislador que Quintana Venialgo sea contratada por la binacional y luego comisionada en Diputados.
versiones distintas. En su declaración indagatoria, Miguel Pérez negó todo lo relatado por Franklin Boccia. Aseguró que nunca le pidió la contratación de Quintana en nombre de Bogado.
Sin embargo, ahora la Fiscalía cuenta con las declaraciones de dos funcionarios de la Itaipú que contaron que Pérez se reunió con Boccia en su despacho en la binacional.
Los dos testigos incluso mencionaron que tenían conocimiento de que Pérez llevó un currículum cuando fue a visitar a Boccia en la Itaipú. Estos testimonios son claves para la Fiscalía porque refuerzan la versión del ex director paraguayo de la hidroeléctrica acerca de la actuación de Miguel Pérez como intermediario para la contratación de Quintana Venialgo en la represa.
La defensa del senador, ejercida por el abogado y ex fiscal general Óscar Germán Latorre, sostiene que todo se trató de un error administrativo. El profesional explicó a la Fiscalía que hubo un error en los pedidos de comisionamientos para Quintana Venialgo, que fueron firmados por Bogado. En realidad, la intención era comisionar a la mujer a Itaipú, pero los documentos se emitieron en el sentido contrario, según el abogado.
La Fiscalía imputó a Bogado y a Quintana Venialgo por cobro indebido de honorarios y estafa en octubre pasado. A partir de entonces, comenzó a correr el plazo de seis meses que el Ministerio Público tiene para indagar el caso.