22 abr. 2024

Tensión entre Fiscalía y la Corte por caso ocupas vips

Reclamo. Se denunció que ocupantes vips acapararon varias propiedades en Remansito.

Ante el pedido del ministro César Garay, de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) investigue al fiscal Diego Arzamendia por supuesta “inacción” en la causa de invasión vip, en Remansito, miembros de la Corte niegan presión en el caso.

Según una nota remitida por Garay ante el Jurado, supuestamente, el fiscal habría incurrido en mal desempeño de funciones, tras cuatro meses de investigación, sin que nadie sea imputado. Ahora, en el JEM se estudiará si se abre o no una causa penal.

Esto hizo sonar la alarma del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien admitió que hay preocupación. “Hoy me siento un poco apenado, porque esto no queda instalado como una cuestión jurídica, sino que hay un ministro de la Corte que denuncia e insiste con enjuiciar a un fiscal, que con estos elementos insiste en enjuiciar, creo que eso no hace bien a la República”, citó.

Dijo que la invasión vip “es un concepto erróneo”, porque detalló que no se puede hablar de invasión en una posesión de más de 20 años, pero mencionó que no descarta que haya otro tipo legal que se haya infringido.

“Casas se hicieron con intervención de autoridades públicas, no fue clandestino ni reciente. Y hoy el tema se traslada, un poco presionando a los fiscales, por no haber imputados”, sostuvo.

En octubre del 2023, se denunció que la Finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, fue ocupada por supuestos invasores vips, entre los que estarían un camarista y altos empresarios.

NIEGAN. Ante los dichos del fiscal general, el ministro Víctor Ríos dijo que no le consta que la Corte haya decidido algo tan grave como presionar para que se impute.

“La Corte, cada vez que consideró que un hecho era motivo de investigación por parte del Ministerio Público, ha comunicado, respetando la autonomía funcional”, dijo.

Garay, por su parte, mencionó que fue una decisión del JEM “el inicio de la investigación, ante la falta o inexistencia de una investigación en la sede penal, ante hechos notorios, públicos, que han sido demostrados por diferentes medios. Transcurrieron varios meses y no hay ninguna averiguación o investigación”, explicó.

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