A la relativa recuperación económica, el incremento de los precios agrega preocupación, ya que, de hecho, desde antes de la pandemia los indicadores laborales mostraban deterioro. Los datos del Instituto Nacional de Estadística detallan que, por ejemplo, desde 2014 a 2019 el ingreso laboral promedio cayó 10%, pasando de G. 2.646.000 a G. 2.382.000. Con la pandemia se redujo aún más llegando a G. 2.192.000. La situación se agrava si se considera que el 40% de la población de más bajos ingresos apenas logra ganar con su trabajo un promedio de G. 1.000.000.
Si a los bajos niveles de ingresos laborales les agregamos las pésimas condiciones de empleo previas a la pandemia como los altos niveles de informalidad (65%) y el creciente nivel de desempleo y subempleo nos encontramos ante una situación sumamente complicada, ya que los hogares no cuentan con mecanismos para enfrentar un aumento de los precios.
La reducción del consumo, el reemplazo de alimentos de mejor calidad por otros de peor calidad, las restricciones en el uso de servicios públicos son medidas que deterioran la calidad de vida y que, a largo plazo, terminan teniendo un impacto negativo para todo el país.
La suba de precios de los alimentos, especialmente frutas, verduras y proteínas, lleva al reemplazo por carbohidratos que contribuyen a la malnutrición, lo que a su vez conlleva enfermedades crónicas como la diabetes, presión alta, entre otros.
La caída de la capacidad adquisitiva de los ingresos laborales induce a la necesidad de que niños, niñas y adolescentes deban contribuir con los ingresos a través de un trabajo temprano, lo que conduce a la exclusión del sistema de educativo.
La situación se agrava al considerar que la gratuidad de la educación y de la salud como principios básicos para el acceso universal no existe, por lo que parte de los ingresos familiares se dedican al gasto en estos ámbitos.
Dados los bajos ingresos de los hogares, la estructura del gasto familiar afectará desproporcionadamente a la calidad de vida de quienes viven de sus salarios. Si bien una parte del aumento de la inflación se debe a condiciones externas, el Gobierno tiene instrumentos para mitigar el efecto, empezando por el impulso a la producción de alimentos y la generación de mercados que limiten el abuso de mercado de los intermediarios. Para esto el Ministerio de Agricultura tiene competencias y recursos financieros y humanos.
En segundo lugar garantizar la gratuidad de la salud y de la educación de manera que los hogares no tengan que incurrir en esos gastos y, por esa vía, impedir que se agrave la situación de la niñez y adolescencia en la pospandemia. La buena implementación del programa de alimentación escolar es un mecanismo fundamental para este objetivo.
La reforma estructural del transporte público es otra de las medidas que deben ser parte de una política de desarrollo integral, no solo para reducir el efecto inflacionario, sino también para impulsar una recuperación económica inclusiva y una mejor calidad de vida.
La incertidumbre acerca de la duración de la tendencia alcista de los precios a nivel internacional es una oportunidad para hacer cambios que la economía paraguaya venía necesitando desde antes de la pandemia. Solo se requieren autoridades valientes y, sobre todo, que superen la mirada cómoda e inercial de la política económica.