Los encausados –según los antecedentes– son el actual presidente de la entidad previsional, José Antonio Caballero Bobadilla; además de los miembros Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera.
Conforme a las explicaciones brindadas por los jubilados, cuyos nombres son resguardados para evitar represalias en su contra, los acusados siguen dilatando el caso por medio de diversas recusaciones a diferentes agentes del Ministerio Público, con el aparente propósito de intentar la extinción de la causa.
Uno de los últimos precedentes guarda relación con una acción de José Caballero, quien bajo el patrocinio del abogado Francisco Godoy, presentó recusación el 1 de julio pasado contra la fiscala Esmilda Álvarez, así como a los adjuntos María Teresa Aguirre, Matilde Moreno, Marco Alcaraz, Jorge Arsenio Sosa y María Soledad Machuca.
“Ya recusaron a casi la totalidad de los fiscales”, señalaron los denunciantes a Última Hora. Si bien los ex directivos de la Caja Bancaria ya recibieron un sobreseimiento provisional en la causa, cabe mencionar que el 26 de julio entrante la Fiscalía debe requerir la reapertura de la causa, o eventualmente solicitar el sobreseimiento definitivo.
OBJETIVIDAD. La última acción de Caballero se argumenta, de acuerdo con el escrito que fue presentado a instancia de la Fiscalía General del Estado (FGE), en que supuestamente la gestión de la fiscala Álvarez “está marcada por falta de objetividad”.
Al respecto, el recusante sostiene que Álvarez debía formular el requerimiento para el sobreseimiento definitivo de los imputados, pero que en vez de eso solicitó una prórroga extraordinaria ante una cámara de apelaciones, “a sabiendas” de que la imputación inicial supuestamente “tenía deficiencias insalvables”, entre otros puntos.
La causa en cuestión data del año 2019. La defensa de los directivos de la Caja Bancaria asegura que no hay daño patrimonial y presentó a lo largo del proceso varios otros incidentes, además de las recusaciones a los agentes fiscales, como la nulidad del acta de imputación, nulidad de la providencia que admite la imputación y otros.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, ratificó en su momento la validez de las imputaciones del Ministerio Público. Las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios soportan numerosas críticas a su gestión por parte de un segmento de los jubilados y enfrentaron diferentes denuncias de irregularidades.
A todas estas cuestiones, se suma el hecho de que el Poder Ejecutivo nunca validó, vía decreto, las últimas elecciones realizadas en la institución (2019), en las cuales José Caballero había sido reelegido como titular de la Caja.