Esta semana, funcionarios y técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) verificarán un total de 1.000 posibles adjudicaciones irregulares del programa Tekoporã.
Antoliano Cohene, director de este programa social, explicó que el mes entrante contratarán más funcionarios –alrededor de 300– para fortalecer la depuración de la lista de beneficiarios. “Entre el lunes y el martes (hoy y mañana) vamos a recepcionar una cantidad importante de posible suficiencia económica. Posteriormente, técnicos del Ministerio se trasladarán a los diferentes puntos del país para aplicar de vuelta la ficha censal y así darles de baja”, apuntó.
Hasta el momento, el MDS detectó 506 adjudicaciones irregulares, que suman casi G. 178 millones de ahorro para la institución. “En breve vamos a tener unos 1.000 más. Nosotros creemos que esa cantidad vamos a recibir porque se están movilizando los funcionarios guías”, dijo sin dejar de admitir que el trabajo –hasta ahora– se hace de forma lenta porque “no estamos contando con la cantidad de funcionarios requerida”, acotó sobre la cobertura nacional.
“A partir del 1 de marzo se incorporan más de 300 funcionarios a nivel país. Entonces con ellos, una vez capacitados, vamos a tener más listados y posibles suficiencias económicas”, anunció.
responsables. Para Cohene, existe una “corresponsabilidad” en la adjudicación irregular de los bonos por insolvencia, tanto de intendentes como de referentes comunitarios.
Los guías del MDS o de otras instituciones del Estado pueden haber incluido también –de forma deliberada– a personas con buen pasar económico. Pero esos datos deben ser validados por una mesa, en cada distrito, compuesta por el jefe comunal, representantes eclesiales de la zona, la Policía, entre otras autoridades. “No solamente el funcionario tiene la culpa porque tenemos también la mesa de participación ciudadana, que coordina el intendente municipal. Ahí se hace una validación del listado de familias a ser incluidas”, dijo al insistir que hay corresponsabilidad: “Muchas veces, las autoridades locales, como los intendentes y otros, firman nada más y no se reúnen, no analizan profundamente quiénes son las familias que están entrando”.
Pasa que “el censista puede adulterar”, pero cuando se va a hacer la validación del listado de familias, a ser incluidas en el programa, “ahí los conocedores deberían intervenir y así identificar a las que tienen suficiencia económica” y que no son merecedoras de recibir el subsidio por pobreza.
Confía –dijo– en que este trabajo de depuración “en gran medida va a transparentar el programa”, concluyó.