“Si el intendente quiere hacer un convenio o un acuerdo sin el consentimiento de los contribuyentes es totalmente ilegal”, declaró la concejala Rossana Rolón (ANR) durante la sesión realizada el miércoles en la Junta Municipal. “Es una acción administrativa que no va a tener andamiaje porque está violando los principios constitucionales”, añadió.
La edil leyó la Ley 6534/2020 que “establece claramente en su artículo 6 que toda persona tiene derecho a ser informada en forma expresa y clara sobre la finalidad que se dará a los datos personales requeridos sobre ella”. La normativa como expuso Rolón declara “ilícitos” el tratamiento y la cesión de datos personales en los casos en los que el titular “no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso y consciente”.
El convenio entre la firma crediticia y el Municipio se realizó “sin el consentimiento” de la Junta Municipal, expresó la edil e hizo hincapié en que no se puede realizar una operación semejante sin “el consentimiento claro, contundente y preciso” del contribuyente.
A su vez, el concejal Álvaro Grau volvió a criticar la falta de gestión de Nenecho, apuntando a la incoherencia de su nuevo plan para presionar a los morosos. “Más del 85% del dinero ingresado a la Municipalidad es por pago de impuestos y tasas, así que quienes están financiando este festín de Nenecho Rodríguez son los asuncenos con sus tributos”, señaló. “Es claro que vamos a estar en desacuerdo de que él se ponga amedrentar a los asuncenos. (...) es inaceptable esto que está planteando y (...) no tiene otra explicación de que el intendente le odia a esta ciudad y le odia al asunceno”, lanzó.
Consentimiento. El experto en ciberseguridad, Miguel Ángel Gaspar, remarcó que una normativa como la que quiere implementarse requiere del consentimiento informado de los dueños de los datos. “Una vez más la Municipalidad está poniendo en riesgo la soberanía digital de los contribuyentes”, dijo en contacto con Última Hora. “Hay que aclarar –detalló– que si bien no tenemos una ley de protección de datos personales, hay una ley de datos crediticios, que declara explícitamente que la cesión de este tipo de datos tiene que ser con el consentimiento explícito e informado de los dueños de los datos que son los contribuyentes”.
Mencionó que “desde todo punto de vista” el intendente comete un error, pues pone en riesgo los datos de los ciudadanos. “Este tipo de cosas son bravuconadas, patotereadas de alguien que tiene una miserable cuota de poder que en lugar de ejercerla para el servicio, la usa para este tipo de amedrentamientos”.
En el caso de que el Municipio prosiga con su plan de cobro, Gaspar adelantó que realizaría una demanda formal por la cesión de los datos sin autorización.
Del mismo modo, se manifestó la abogada y catedrática Karina Ramírez. “Si BIC SA dice que necesita el consentimiento, ¿cómo la Municipalidad va a pedirle su consentimiento a los contribuyentes?”, cuestionó.
Christian Mendoza, gerente general de BIC SA, explicó que la empresa tiene proyectado realizar un análisis de la situación financiera de cada contribuyente que ingrese a su base de datos. “Y eso también va a generar un perjuicio al contribuyente”, objetó la abogada. “Porque (...) si no se cumplen las condiciones, van a bloquearle al contribuyente la línea de crédito y meterle como moroso”. Ramírez agregó que también podría violarse el derecho a la defensa. “Desde todo punto de vista esto es ilegal”, aseveró.
