Se detalla que en la primera intervención, realizada el 28 de setiembre, se constató la disposición de residuos sólidos urbanos a cielo abierto y sin cobertura, en el módulo N° 1. “Además que el módulo 4 del vertedero se encontraba en operación, lo que va en contra de la Resolución N° 203/2020 que estipula en su artículo 2° inc. 4° que la altura final de dicho módulo no debería superar la cota de 82 metros sobre el nivel del mar”.
También se observó, según el documento, que en dicha área no se procede a la cobertura diaria de los residuos depositados como medida de mitigación para atenuar el impacto de la emisión de olores desagradables, generación de lixiviado, proliferación de vectores y prevención de eventuales incendios.
Tras el incendio, la firma debía realizar medidas de mitigación. En fecha 3 de octubre los fiscalizadores del Mades fueron a verificar el cumplimiento de la disposición para la extinción del incendio.
En el informe del ente ambiental se señala que ante algunas irregularidades halladas nuevamente en el lugar, el representante de la firma se molestó por la situación y reaccionó de manera agresiva con los fiscalizadores, destruyendo el acta que estaba siendo redactada por los funcionarios.
Entre las irregularidades se describe que no se había llegado a extinguir totalmente el fuego, observándose focos que se reavivaban por el viento, debido al mal manejo del funcionamiento del relleno sanitario, evidenciando el incumplimiento de las medidas de mitigación solicitadas por el Mades.
En un comunicado anterior del Mades señalaron que uno de los representantes de Empo, molesto por la situación, reaccionó de manera agresiva con los fiscalizadores, destruyendo el acta que estaba siendo redactada por los funcionarios.
Por su parte, el director de Empo, Enrique Ortuoste, indicó que en el Plan de Gestión aprobado, el sistema de cobertura de tierra es en áreas ya terminadas y no en las diarias donde recicladores conocidos como gancheros recolectan materiales.
IMPUTACIÓN. Esta semana la fiscala Stella Mary Cano imputó al ex intendente Mario Ferreiro, al actual jefe comunal Óscar Nenecho Rodríguez y a 11 concejales por supuesta falsificación de documentos en el caso de Empo.
En el 2018 concejales de Asunción aprobaron por unanimidad que el contrato entre la Comuna sea con la empresa que cambia de razón social de Empo Ltda. a SA. Meses después salieron a la luz supuestas falsificaciones de documentos por parte de Empo para hacer figurar que estaban al día con sus obligaciones tributarias para seguir con el cobro a la Comuna. La empresa tenía el RUC bloqueado por arrastrar una deuda de G. 9.000 millones con el Fisco.
Cuestionan proyecto e imputación
Esta semana se aprobó en Diputados el proyecto de cierre de relleno sanitario de Cateura; ahora pasa al Senado. La medida fue cuestionada por concejales quienes señalaron que si bien es necesaria la mudanza existen impedimentos, ya que Empo no puede concretar el traslado a Villa Hayes, donde Municipio lo prohíbe. En el distrito opera el relleno de El Farol; de aprobarse el proyecto, la basura iría allí.
El concejal Elvio Segovia señaló que en esta ocasión el proyecto de ley es por un interés de monopolio. Indicó que existen versiones de que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, estaría promoviendo el tratamiento rápido del proyecto por orientación del senador Basilio Bachi Núñez, quien sería uno de los supuestos accionistas de El Farol. “Considerando que el proyecto tuvo que ingresar el martes 6, antes de la publicación del orden del día, sorprendente que en el documento se cite la imputación a Ferreiro, Nenecho y los 11 concejales, que fue recién el martes, a las 23:00”, señaló el edil.
