08 nov. 2024

Suman los puntos oscuros: Ahora admiten destrucción de evidencias

Fiscal admitió que prendas de niñas abatidas fueron destruidas. A esto se agrega que se confirmó que las menores tenían 11 años y meses, y no 18 como dijeron en un primer momento.

En La Lupa. Autoridades respondieron a los cuestionamientos sobre el operativo de la FTC.

En La Lupa. Autoridades respondieron a los cuestionamientos sobre el operativo de la FTC.

El fiscal Federico Delfino, quien investiga la muerte de las niñas en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento del EPP, admitió que las prendas que llevaban las fallecidas se destruyeron.

Esto se suma a la cadena de errores y malos procedimientos tanto de las fuerzas operativas como de los investigadores y las autoridades del Poder Ejecutivo.

Hace menos de 24 horas el forense Cristian Ferreira había dicho que las edades de las fallecidas varían entre 15 y 18 años, aunque ayer se confirmó que tenían 11 años y meses.

“Se tomaron muestras de ellas (las vestimentas) y por esta cuestión del Covid, (por) que es el manejo, automáticamente se tienen que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, las cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, afirmó ayer el agente del Ministerio Público en conversación con el programa La Lupa, de Telefuturo.

Añadió que las otras ropas halladas en el campamento también se destruyeron luego de las muestras fotográficas.

Delfino también respondió que los cuerpos fueron enterrados rápidamente porque todos los intervinientes podían “terminar imputados” por tener cadáveres expuestos descuidando el protocolo que rige por la pandemia de Covid-19. “El protocolo de manejo de cadáveres se cumple”, aseguró, reiterando que los agentes estaban expuestos.

Además, el fiscal señaló que precisamente solicitaron la exhumación de los cuerpos “atendiendo a la controversia que se está suscitando en cuanto a la edad y la supuesta identidad de los padres” de las menores de edad.

“El propósito es definir la identidad de los posibles progenitores”, añadió Delfino. Dijo que información de inteligencia apunta que la identidad es que son hijas de prófugos. “Vamos a hacer las muestras de ADN para realizar el correspondiente proceso penal contra los progenitores o tutores”, subrayó.

Sin embargo, la destrucción de las vestimentas ya generó varias reacciones. Por ejemplo, el abogado José Casañas Levi resaltó en las redes sociales que “las evidencias nunca se destruyen, se preservan”. “Alguna vez, el trabajo de cuidado de la escena del crimen, y la custodia de las evidencias, incluyendo los cuerpos, debe ser tratado científicamente, seriamente. Con el manejo que se le da hoy, no se puede llegar a la verdad de los hechos”, lamentó el jurista en un tuit.

A su vez, la ex candidata presidencial Lilian Soto, fustigó la acción. “¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso”, expresó.

Criminal. De hecho, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) había alertado en una nota que “es momento de revisar la inconstitucional existencia de la FTC”. La institución indicó que los sucesos de Yby Yaú, al igual que otros protagonizados por la FTC en el pasado, presentan características “de un nuevo crimen de Estado, esta vez con dos niñas asesinadas, quienes habrían tenido apenas 11 y 12 años, presentadas como partícipes de un supuesto enfrentamiento”.

La Codehupy calificó el operativo como “criminal” y subrayó que es “inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes que sean identificados y entregados a sus familiares”. “Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias”, acusó el mensaje. Además, la Coordinadora cuestionó el acento triunfalista del Gobierno en relación al hecho, añadiendo que está más cerca de ser caracterizado como terrorismo de Estado antes que un logro en materia de seguridad.

Repudio. Por su parte, la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición se pronunció en un comunicado rechazando la acción militar en el Norte, en particular “la repudiable y la grave actuación del Poder Ejecutivo en la muerte de dos niñas”. Reprueba igualmente “la conducta complaciente de la Fiscalía General del Estado que debería hacer una investigación seria y no avalar y dar un manto de impunidad a lo acontecido”.

Las organizaciones políticas exigen una investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre los hechos acontecidos. Es más, el Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de dos niñas menores de edad sea investigada y aclarada. Recordaron que la FTC no ha dado resultados a lo largo del tiempo y que con el último accionar el Gobierno habría buscado rédito político. El grupo de izquierda calificó el operativo de la FTC como bochornoso.

La bancada ve en buen porcentaje de la sociedad preocupación y exigencia de “claridad en dicho operativo, y sobre el funcionamiento transparente de la FTC”.

Operativo en el Norte

Se tomaron muestras (de las vestimentas) y por esta cuestión del Covid (...) se tienen que destruir. Federico Delfino, agente fiscal.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.