Buscan involucrar a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial para que cada uno cumpla su rol en forma efectiva.
Airaldi fue el impulsor de la declaración de emergencia, ya que el 27 de febrero pasado había enviado notas a la Junta Municipal y Departamental advirtiendo sobre la ola de asaltos a trabajadores, sector comercial y empresarial del Alto Paraná.
Este recordó que incluso algunos inversionistas analizan cerrar locales, atendiendo a que sufrieron dos robos millonarios en poco tiempo, mientras que el sector del transporte de encomiendas y cargas tuvo una pérdida de USD 15 millones en robo de teléfonos de alta gama, en el 2023.
La detonante fue la muerte del emprendedor Éver Antonio Castellani, en manos de dos sospechosos, que estaban en libertad condicional por condenas por robo agravado.
Inmediatamente, el gobernador César Landy Torres declaró emergencia de seguridad departamental, mientras que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, anunció que cerraría la Municipalidad para marchar desde el centro hasta la Dirección Policial, en reclamo de seguridad.
El sábado sacó a sus funcionarios para advertir a compristas sobre la presencia de los pirañitas y seudocomerciantes que asaltan a sus clientes, al tiempo de acusar a la Policía, la Fiscalía y la Justicia que saben quiénes son y no hacen nada.
Prieto incluso acusó a empresarios que se estaban “acomodando”, al no apoyar la marcha al que llamó.
Les envió un mensaje diciéndoles que es la oportunidad de reclamar, ya que son ellos los que sufren asaltos y extorsiones.
MESA. “Ahora se declaró de emergencia y que se están constituyendo más fuerzas policiales en la calle.
El siguiente paso es armar una mesa de trabajo coordinada entre el sector público y privado en la que se puedan delinear acciones con el objetivo de mitigar la ola de violencia”, afirmó Airaldi, al sostener que se necesita trazar el mapa de trabajo.
Apunta, sobre todo, a gente que haya estudiado seguridad urbana, como asesores.
CONFORME A PRUEBAS. “La prevención es de la Policía. Al administrar Justicia, lo que se hace es resolver cuestiones sometidas a consideración conforme a las probanzas y dentro del respeto de las garantías legales, constitucionales y los tratados internacionales”, afirmó la presidenta de la VI Circunscripción Judicial, Juliana Portillo, al referirse a los reclamos de la ciudadanía.
Dijo que cada Juzgado actúa en cumplimiento de las leyes y garantías establecidas en principios de igualdad. Agregó que el juez está obligado a observar el cumplimiento efectivo de la norma.
Desde ÚH también intentamos recabar la versión de la Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este, pero el titular, Jorge Sosa, no respondió a nuestro mensaje.
