“Las últimas noticias que nos acaban de llegar es que ha habido en total 272 civiles muertos”, entre ellos al menos 17 menores, dijo en una rueda de prensa a última hora del lunes Julien Paluku, ministro congoleño de Industria y ex gobernador de la región de Kivu del Norte, donde opera el M23.
“Las comunidades pudieron determinar el número de muertos”, después de que las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) dieran el pasado jueves una cifra inicial de al menos 50 fallecidos, que el Gobierno elevó después a un centenar, en el ataque perpetrado entre el martes y el miércoles en la localidad de Kishishe, en el territorio de Rutshuru.
Por otro lado, el portavoz del Ejecutivo y ministro de Prensa y Comunicación, Patrick Muyaya, reveló que el Gobierno solicitará la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).
“Pese a la hoja de ruta restrictiva de la minicumbre de Luanda, no se ha observado sobre el terreno una retirada de las fuerzas ruandesas y los terroristas del M23", lamentó la semana pasada el Ejército en un comunicado.
Las FARDC hicieron referencia a la cumbre celebrada en la capital angoleña el pasado 23 de noviembre, a invitación del presidente de Angola, João Lourenço, mediador de la Unión Africana entre la RDC y Ruanda, a quien Kinshasa acusa de apoyar al M23.
Aunque Kigali niega rotundamente ese extremo, un informe de expertos de las Naciones Unidas filtrado el pasado mes de agosto confirmó esa cooperación.
En esa cumbre, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ministro ruandés de Asuntos Exteriores, Vincent Viruta —en representación de su presidente, Paul Kagame—, exigieron un cese de las hostilidades a partir de las 18.00 hora local (17.00 GMT) del 25 de noviembre, pero los combates estallaron de nuevo el pasado jueves.
Los rebeldes, por su lado, negaron las cifras oficiales a través de un comunicado y situaron el número de civiles muertos en ocho, a causa de “balas perdidas”.
El M23 se creó en 2012, cuando soldados congoleños se sublevaron por la pérdida de poder de su líder, Bosco Ntaganda, procesado por la CPI por crímenes de guerra; y debido a supuestos incumplimientos del acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009, que da nombre al movimiento.
El grupo exigía renegociar ese acuerdo firmado por la guerrilla congoleña Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) para su integración en el Ejército, a fin de mejorar sus condiciones.
El CNDP, formado principalmente por tutsis (grupo que sufrió en gran medida el genocidio ruandés de 1994), se constituyó en 2006 para —entre otros objetivos— combatir a los hutus de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), fundadas en 2000 por cabecillas del genocidio y otros ruandeses exiliados en la RDC para recuperar el poder político en su país de origen.
Tras años de inactividad, el M23 empezó a operar de nuevo el pasado marzo y al menos 340.000 personas se han visto desplazadas a causa de sus combates con las FARDC, según las últimas cifras de la ONU.
Después de meses de pausa, los enfrentamientos se reactivaron este octubre y el M23 ha avanzado hacia Goma, la capital de Kivu del Norte, con choques entre ambas partes a unos quince kilómetros de esa estratégica ciudad, que los rebeldes ya tomaron en 2012.
El este de la RDC lleva más de dos décadas sumido en un conflicto avivado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).
