Editorial

Sostener bajo impuesto al tabaco es estar en contra de la ciudadanía

Un impuesto bajo al tabaco es la mejor señal de despreocupación del Estado por la salud de sus ciudadanos. El voto en contra del aumento de este impuesto da cuenta de que tenemos integrantes del Poder Legislativo que no representan a la ciudadanía sino a un grupo de empresas que lucran con la enfermedad. La ciudadanía debe recordar a quienes votaron en contra del aumento del impuesto y castigarles en las próximas elecciones. No podemos continuar teniendo en esta instancia tan importante del Estado a personas que no tienen como principal objetivo el bien común y la eficiencia del gasto público.

La negativa del Parlamento de aumentar el impuesto al tabaco es una muestra más de que estas personas no representan a la ciudadanía. El consumo del tabaco es una actividad dañina y constituye un grave problema de salud pública, no solo para quienes fuman, sino también para quienes le rodean.

La sociedad debe memorizar los nombres de quienes votaron en contra del aumento de los impuestos y castigarles en las próximas elecciones. Lo que actualmente recauda el fisco en impuestos al tabaco no cubre ni siquiera los programas destinados a prevenir y atender las enfermedades causadas por este vicio.

No hay ningún argumento a favor de mantener tasas bajas, sobre todo teniendo en cuenta los resultados positivos que se han obtenido en las últimas décadas en los países que tienen impuestos altos. En estos países se ha ido reduciendo el consumo y con las recaudaciones se han fortalecidos sus programas de salud.

En las redes se leen algunas justificaciones falaces que pueden ser fácilmente rechazadas. La primera de ellas es que las personas tienen el derecho de fumar si lo desean, siempre y cuando no afecten a otros. Eso es cierto, pero también el Estado tiene la obligación de recibirlos cuando se enferman. El problema es que hay un problema ético y de justicia tributaria cuando quienes no fuman deben pagar los costos de quienes, con pleno conocimiento de las consecuencias negativas, deciden fumar, se enferman y recurren al sistema de salud.

Las consecuencias de fumar no se limitan a la persona que lo hace, sino que tiene un costo social. Puede enfermar a otros y si se enferma utiliza recursos públicos cuyo financiamiento proviene de impuestos pagados por otros, incluyendo de aquellos que responsablemente decidieron no fumar.

El argumento de la posible pérdida de empleos al aumentar impuestos es fácilmente rebatible. En primer lugar, al ser un bien dañino, se puede prever que con los recursos adicionales se financie una política laboral o agropecuaria que permita a las personas que quedan desempleadas reubicarse en otras ocupaciones. En segundo lugar, no es cierto que un aumento de impuestos tenga un efecto directo en la reducción del empleo. Una multiplicidad de estudios señala que la producción y la productividad dependen de muchos factores. Los impuestos son apenas uno de ellos y no es el que tiene el mayor peso.

Las políticas públicas deben diseñarse con evidencia empírica rigurosa. Los parlamentarios que argumentaron en contra de incrementar los impuestos al tabaco no tenían ninguna evidencia empírica que avale su posición política. Al contrario, toda la evidencia existente indica que tasas de impuestos altas al tabaco generan mayores beneficios que pérdidas.

Esos parlamentarios representaron los intereses de unas pocas empresas nacionales e internacionales que lucran con la enfermedad y muerte de las personas y con la ineficiencia del Estado. No hay recurso más ineficiente que el gasto sanitario en curar enfermedades que son prevenibles. Está claramente demostrado que un impuesto al tabaco eleva los costos del cigarrillo y eso reduce el consumo y, por ende, muchas enfermedades.

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