Esta es la historia que cuentan: Un mensajero le trajo a Raúl Fernández Lippmann, entonces secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un paquete con un lujoso teléfono celular, diciendo que era regalo de una firma telefónica, por ser “buen cliente”. Raúl desechó su anterior aparato y empezó a usar el nuevo, sin sospechar que contenía un software espía que graba conversaciones a distancia.
¿Quién orquestó tan maquiavélica operación? Algunos dicen que fueron las víctimas de uno de los juicios arreglados con tráfico de influencias. Otros afirman que fue un también poderoso senador, quien juró vengarse de cierto video hot, supuestamente filtrado por González Daher.
La colega Mabel Rehnfeldt asegura que fueron “unos chicos” quienes le enviaron los archivos de audios, con una escueta recomendación: “Hagan lío”. Los analizó y decidió hacerlos públicos. Aunque le reclaman que revele a sus proveedores, ella se halla amparada por el artículo 29 de la Constitución, que garantiza que los periodistas “no serán obligados a revelar sus fuentes de información”.
Probablemente Mabel tampoco sepa quiénes grabaron las conversaciones. Este tipo de materiales siempre se entregan con reservas de seguridad y confidencialidad. Aunque se cuestiona el modo en que los audios fueron obtenidos, lo que más importa es lo que contienen y revelan.
Hay quienes prefieren atribuir el espionaje a superpotencias o a organismos de seguridad, pero lo cierto es que para grabar conversaciones telefónicas no se requieren sofisticados equipos como los que emplean la CIA o el MI16 en las películas. En internet se pueden comprar programas espías como Spyzie, Spyera, mSpy, o FlexiSPY a precios desde 30 a 500 dólares. Su instalación es indetectable, pero se requiere acceder físicamente al teléfono a ser espiado. Luego desde una unidad remota se pueden monitorear y grabar las llamadas y los mensajes por aplicaciones.
Muchos de los grandes escándalos políticos a nivel mundial se basaron en audios o videos con contenidos de espionaje, entregados a la prensa en forma anónima. Hay formas técnicas de averiguar si fueron trucadas o no, si las voces son imitadas, pero quien las escucha y conoce a los protagonistas, como en el actual caso paraguayo, sabe que son muy reales.
La ética periodística manda que si el contenido es de interés público, la información debe ser divulgada, aunque se violen normas legales. También la Constitución es clara cuando sostiene que el derecho a la intimidad es inviolable, “en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o al derecho a terceros” (art. 33) o cuando dice que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general” (art. 128).
Probablemente nunca sepamos quién o quienes grabaron los audios, pero, ¿acaso importa? Hasta ahora, están ayudando a sacarnos de encima a varios indeseables... y todavía veremos. Así que, sean quienes sean los anónimos espías: ¡Feliz Año Nuevo...!