El reporte en cuestión indica básicamente que estos dos grupos de contribuyentes aportaron prácticamente nada en concepto de impuesto a la renta personal (IRP) el año pasado, pese a sus millonarios salarios e ingresos adicionales. Este impuesto directo se paga por las ganancias y hasta antes de la reforma tributaria estaban dentro del rango incidido las personas que tenían ingresos anuales por un valor mínimo de G. 76 millones.
Es cierto que la legislación impositiva vigente hasta el 2019 permitía a los contribuyentes de renta personal deducir todos los gastos que se les antojen y tampoco se puso un límite para las inversiones, pero si uno analiza el habitual comportamiento de los parlamentarios —salvo contadas excepciones— no sería extraño que los mismos estén rozando la evasión. El sueldo de los legisladores es de G. 32,7 millones, por lo que para que su aporte sea cero debieron haber gastado casi G. 400 millones en un año, lo que en un país altamente informal resulta poco creíble.
Cuando la SET inició fiscalizaciones a inicios de año en el Congreso justamente por la falta de pago del IRP e incluso por falta de inscripción, los investigados pegaron el grito al cielo. Habiéndose publicado el informe de la entidad fiscal, sin embargo, se nota que al parecer a los congresistas poco y nada les importaron las intimaciones tributarias.
El caso de los jugadores de fútbol es bastante parecido al de los legisladores.
De un universo de al menos 250 profesionales, solo 84 están inscritos ante la SET, lo que ya es un primer llamado de atención. Para colmo, es de público conocimiento que al menos los que militan en clubes denominados grandes tienen millonarios ingresos, cobran en dólares y hasta perciben ingresos adicionales por ganar, meter goles o por clasificación a determinados torneos.
También es poco creíble que estas personas pudieran haber gastado USD 100.000, USD 300.000 y hasta USD 500.000 en un año. De hecho que, según trascendió, una veintena de futbolistas fueron sumariados por la SET y casi todos tuvieron que rectificar sus declaraciones juradas.
POBRE APORTE. Lastimosamente, estos dos grupos de contribuyentes son solo el reflejo de un IRP mal diseñado y peor ejecutado.
Los informes publicados en meses anteriores por el Gobierno dejaron ver que este gravamen es quizá el más injusto del sistema, siendo sostenido por la franja de contribuyentes de menores ingresos y cuyas ganancias no alcanzan para financiar asesores que encuentren las lagunas legales para tributar menos. La conclusión a la que habían llegado estos reportes era que los contribuyentes más ricos del IRP, ganando en promedio cuatro veces más que el resto de los aportantes, tributan 25 veces menos.
La nueva ley tributaria pretende corregir estas inequidades y meter más presión a los millonarios del país, pero no podrá tener resultados si la Administración Tributaria no impone firmeza en los controles y no vigila con celo el comportamiento de los grupos poderosos.
El Gobierno, para tener mejores resultados, tampoco debe olvidarse del gasto. Uno de los principales motivos por los que los contribuyentes recurren a la erosión fiscal es el malgasto público, el que está en torno a los USD 1.600 millones, según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al igual que la urgente necesidad de reducir la evasión de impuestos, acabar con los despilfarros en licitaciones y privilegios salariales, entre otros, deben dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad.
