Según las publicaciones de la época, el proceso se realizó durante la presidencia de Petropar de Juan González Meyer. La petrolera adjudicó la licitación a Texos el 23 de diciembre de 2009, pero por Resolución PR nº 244/10 de fecha 21 de abril de 2010, se vio obligada a revocar la adjudicación.
Esto se debió a que los representantes de Texos quisieron que se les abriese una carta de crédito irrevocable y transferible, antes de entregar el primer cargamento. Si se les daba el dinero, no existía garantía de que el producto iba a ser recibido por Petropar, según sus técnicos.
La firma argentina supuestamente iba a hacer llegar en flotas de camiones el combustible hasta Villa Elisa por USD 24.427.000, y por otros USD 45.375.000 hasta la planta Petropar de Hernandarias, según dijeron directivos de Petropar.
Tras la cancelación, Texos demandó en Argentina a Petropar y un juez en lo civil estableció un embargo preventivo contra Petropar de USD 3 millones, con amenaza de confiscación de los combustibles que son traídos al Paraguay para la demandada, a través de la hidrovía por Argentina.
En el 2017, la Procuraduría paraguaya informó que el embargo fue levantado y no corría el proceso, razón por la cual Texos inició una demanda en lo civil en Paraguay, reclamando 31 millones de dólares por daños y perjuicios. Lo que llamó la atención en su momento es cómo la UOC de Petropar no descalificó de entrada a Texos, con base en su documentación.