No pasa un día sin que no nos tomemos de la cabeza espantados ante una nueva barbaridad perpetrada en alguna dependencia del Estado, ya sea por corrupción, negligencia o torpeza. Malos cálculos —por decir lo menos— nos tienen al final de la cola en la lista de beneficiarios de las vacunas contra el Covid-19; y aún así, con las pocas que llegan, se arma un zafarrancho con cada etapa de vacunación.
Esto no es un accidente, es la consecuencia lógica e inevitable del tipo de Estado que montamos. Y por eso es necesario recordar siempre que lo urgente no nos debe hacer olvidar lo importante. Permítanme explicarme.
Hoy estamos peleando a brazo partido por apagar los incendios de la pandemia. Con menos del dos por ciento de la población inmunizada ya tuvimos a los amigotes y correligionarios del gobernador del Alto Paraná y a los docentes y funcionarios de su universidad privada recibiendo la vacuna sin pertenecer a la franja etaria que debía ser vacunada; a un grupo de médicos a los que les mezclaron las dosis de dos compañías farmacéuticas distintas porque ambas tenían el etiquetado en chino y nadie habla chino en el ministerio.
Tuvimos a personas que se presentaron a los vacunatorios cuando no estaban agendadas porque la información oficial sobre quiénes debían acudir fue confusa, y porque el Estado no fue capaz de contrarrestar información falsa propalada en las redes, aunque haya montado un ministerio con dos viceministros y ¡18 direcciones!, exclusivamente, para manejar la comunicación oficial; y tuvimos a políticos recibiendo la vacuna en sus casas cuando no les correspondía aún, y el bochorno de vacunatorios vacíos porque no había personas agendadas en el lugar, mientras miles reclamaban que nunca fueron agendadas, pese a haberse registrado con muchísima antelación.
Y antes de esto soportamos el culebrón interminable de la falta de medicamentos, y más atrás en el tiempo, el escándalo de las primeras compras de insumos médicos.
Repito, nada de esto es un accidente. Es inevitable que así ocurra porque el aparato encargado de realizar estas tareas no fue montado con ese fin. No contrataron personas según su idoneidad ni se prepararon los sistemas de compras públicas para adquirir lo que se necesite con rapidez y eficiencia. El objetivo nunca fue garantizar la cobertura de salud.
El servicio público fue solo la excusa para ensamblar un aparato que permita crear rubros para amigos y correligionarios, y garantizar negocios para los administradores de turno mediante licitaciones amañadas. Por eso, cuando se pretende utilizar esta herramienta para sus fines teóricos sencillamente no funciona o funciona mal.
No importa qué tan buenas sean las intenciones del ministro o el administrador de turno, la maquinaria está preparada para otra cosa. Y pretender reformarla sin hacer cambios de fondo es perder el tiempo. Es simple, para devolverle su rol constitucional hay que matar el uso político del aparato público despolitizando la contratación del personal y las compras públicas. Son las dos piezas más importantes para recuperar la institucionalidad.
En el caso del personal del Estado, hace meses está en el Congreso el proyecto de ley que crea el servicio civil, la carrera del funcionario público. Con respecto a las compras, el Ejecutivo ya tiene un proyecto que reforma totalmente el sistema vigente. Lo viene anunciando desde mediados del año pasado. Hasta ahora no lo presentó.
Puedo apostar que nunca los tratarán en el Congreso. No les interesa hacerlo. No le conviene al partido de gobierno, al noventa y nueve por ciento de los funcionarios que ingresaron sin concursar ni a la patria contratista colgada del presupuesto público.
Las barbaridades que nos sorprenden a diario tienen que ver con esto, con las reformas que nunca se hacen… ni se harán, porque nos tienen entretenidos con las consecuencias. Alguna vez debemos despabilarnos. Repito: Que lo urgente no nos haga perder de vista lo importante.
