Más de 500 menores de edad y casi 400 ancianos (mayores de 70 años) figuraban como alumnos del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Estos datos resultaron de dos auditorías hechas a instancias de la ministra Carla Bacigalupo, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
“Un caso emblemático es el de un niño de 10 años cursando Fontanería. Otro menor de 13 años con 20 cursos en un mismo año y, lo peor, una menor de dos años con 190 cursos realizados”, expuso Bacigalupo luego de presentar el nuevo sistema informático, Identidad SNPP.
Este sistema, además de digitalizar y automatizar todo el proceso educativo del estudiante –desde que se inscribe hasta que termina el curso y recibe su certificado– posibilitará tener un mayor control sobre la base de datos a nivel país de los cursos impartidos y de los participantes de las capacitaciones, explicó.
Asimismo, indicó que encontraron un total de 1.312 personas con más de 10 certi-ficados. Y citó un caso: “Una mujer con 77 certificados; lo que corresponde a 4.125 horas anuales, dividido 12 horas nos da 345 días”, expuso al señalar que esa misma persona repitió 25 cursos entre el 2017 y 2018.
Se trata de “duplicación de cédulas y de nombres”, refirió y lo que presentó como “graves inconsistencias” detectadas en el Sistema de Gerencia de Acción Formativa (SISGAF).
“Nos lleva al grave indicio de que no se está actuando con transparencia al momento de llenar el cuórum o de pasar las planillas para la fina-lización de cursos y entrega de certificados”, resaltó.
Entre los alumnos fantasmas también hallaron los nombres de 399 personas con más de 70 años. “Adultos mayores, de 79 y 82 años, en cursos de cultivos y agropecuarios. Una persona de 90 años tenía 184 certificados en un solo año”, remarcó otro llamativo caso.
Informó que todos estos datos serán sometidos a la auditoría del Poder Ejecutivo para deslindar responsabilidades.
“En todo el proceso educa-tivo hay varios actores que van actuando. No solo está el instructor, sino el director, el jefe de área de la sección forma-tiva”, enumeró.
Bacigalupo explicó que la aparición de menores de edad así como de ancianos sirve para “llenar el cupo de la can-tidad mínima de alumnos”, que es de 15 por curso. De ese modo, se puede llevar adelante un curso, darle un cierre y realizar el cobro.
“Todos estos datos sirven para llenar planillas y justificar pagos a instructores”, acotó.
En cuanto al daño patrimo-nial, estudiarán mejor con la mencionada auditoría que encargarán, a su vez, a una consultora externa. “Hay más de 133 instructores (envueltos) en cursos a menores y si calcula- mos con un promedio salario de G. 25.000 la hora, llegamos a G. 600 millones en un año”, lanzó una estimación inicial sobre la virtual malversación.