Una de las integrantes del Tribunal de Conducta de la ANR, Rocío Fernández, expresó su preocupación por la situación del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas.
“Hoy día está siendo investigado por una causa penal por hechos realmente graves, es un tema social, y desde mi punto de vista, amerita abrir un sumario para luego tomar una medida determinante”, expresó.
La fiscala Blanca Agüero decidió imputar al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, por lesión de confianza tras el derrumbe del techo de un aula en el Colegio Nacional de Lambaré.
El proceso se abrió luego de que la agente del Ministerio Público accedería a documentaciones sobre un presupuesto designado para la construcción de 3 aulas. Si bien el documento señala que el monto asignado fue de 69 millones de guaraníes, se entregaron G. 266 millones.
Uno de los temores es que el político sea condenado y, en consecuencia, el Partido Colorado se quede sin candidato en la ciudad de Lambaré o que posteriormente tenga que renunciar al cargo en caso de ganar en las elecciones.
“A mí me gustaría dar castigos ejemplares porque el Tribunal de Conducta en su primer comunicado, cuando se asumió el poder, se dijo que íbamos a estar atentos al comportamiento ético y partidarios de las personas que tiene un cargo”, refirió a la 780 AM.
El presidente de dicho organismo de la Asociación Nacional Republicana (ANR) debe convocar a una sesión para analizar las medidas a tomar.
El pasado miércoles vivieron momentos de terror los alumnos del noveno grado, sección A de esa institución educativa, luego de que se viniera abajo gran parte del techo de su aula, en plena hora de clase.
Al momento del derrumbe se encontraban 23 estudiantes, más la profesora. Varios alumnos sufrieron heridas de diversa consideración y fueron derivados a centros asistenciales para su revisión médica.
Las obras fueron desarrolladas durante la administración del entonces intendente de dicho municipio, Roberto Cárdenas.
La Municipalidad de Lambaré es actualmente una de las 175 comunas del país que adeudan sus últimos informes sobre la rendición de gastos del Fonacide.
