Hay una duplicación entre las redes de prestación públicas. El IPS tiene una red de prestación y otorga cobertura al 20% de la población total (incluyendo asegurados y sus beneficiarios). En el 2018, el gasto en salud del IPS alcanzó el 1,3% del PIB y fue financiado con el aporte del 9% de las remuneraciones de los trabajadores asegurados. El Ministerio de Salud tiene otra red de prestación paralela y está obligado a prestar servicio de salud gratuito al 100% de la población que lo requiera. El gasto del Ministerio de Salud alcanzó el 1,8% del PIB y, en conjunto, ambos representaron el 3,1% del PIB.
También hay superposición entre las redes de prestación privadas y las públicas anteriormente citadas, porque muchas empresas privadas e instituciones públicas ofrecen un seguro médico privado como un beneficio a sus trabajadores debido a la baja calidad de los servicios públicos lo cual incrementa sus costos.
Por otro lado, la demanda de servicios de salud es creciente y cada vez de mayor complejidad. Es necesario encarar una reforma con el objetivo de universalizar los servicios, cubrir las enfermedades catastróficas, mejorar la calidad y reducir los costos del sistema de salud para la ciudadanía.
En este sentido, lo principal es la unificación de las redes de prestación de servicios del IPS y del Ministerio de Salud. Para ello, debería crearse una Entidad Pública Autónoma con una carta orgánica que especifique los servicios garantizados a la ciudadanía así como reglas claras de administración de recursos humanos, técnicos, insumos, medicamentos, etc. Esta entidad absorbería los hospitales, centros de salud, unidades de salud familiar y personal que actualmente poseen el IPS y el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.
Paralelamente, se requiere implementar un sistema de financiamiento que asegure los recursos necesarios para financiar los servicios garantizados y se adecue a la realidad del país. En esto debemos elegir entre dos opciones excluyentes:
Una opción es avanzar hacia un régimen de seguro médico universal obligatorio con prestaciones y coberturas mínimas que incluyan las enfermedades preexistentes y catastróficas. Los prestadores, incluida la Entidad Pública, operarían en régimen de competencia para que la ciudadanía opte entre ellas en función a la calidad y al costo del servicio. Los trabajadores dependientes seguirían aportando el 9% de sus remuneraciones y los independientes deberán comprar un seguro médico. Para la población en situación de pobreza, el Estado deberá prever el subsidio correspondiente con ciertos requisitos de selectividad que deben cumplir los beneficiarios.
La otra opción, es un servicio público universal de salud, proveída a través de la Entidad Pública Autónoma de acceso gratuito para la ciudadanía, financiado a través de un Fondo Nacional de Salud proveniente de recursos tributarios y de otras fuentes. Esto requiere reemplazar el componente de salud del aporte obrero/patronal al IPS por un incremento en la tasa del IVA del 10% al 12,5% para recaudar un monto adicional equivalente al actual gasto en salud del IPS y la transferencia del 50% de la recaudación total anual del IVA al Fondo Nacional de Salud de donde serían cubiertos los costos operacionales y de inversión de la Entidad Pública Autónoma.
En paralelo se reduciría la tasa de aporte obrero-patronal al IPS del 23% al 15,5%, solo para financiar el sistema de jubilaciones. Además, seguirían funcionando los servicios médicos privados de contratación voluntaria para aquellos que no quieran acudir a la red pública.
Considerando la menor evasión del IVA con relación al aporte al IPS, esta última opción sería la más adecuada y recomendable.
