16:42-19/01/07
EFE
Miami
Leguizamón, director de una emisora de radio de Pedro Juan Caballero (Paraguay), ciudad fronteriza con Brasil, donde también era corresponsal del diario “Noticias”, fue emboscado y asesinado a tiros por sicarios pagados supuestamente por traficantes de drogas el 26 de abril de ese año.
El periodista, conocido por sus constantes críticas a la corrupción en la zona y sus denuncias sobre contrabando, narcotráfico y lavado de dinero en la frontera entre ambos países, había recibido con anterioridad amenazas de muerte.
El proceso judicial, según la SIP, se caracterizó por la lentitud, las irregularidades y la ineficacia, y, en 2002 fue archivado el caso sin que nadie fuese condenado, por lo que el crimen permanece impune.
El presidente de la SIP, Rafael Molina, del diario dominicano “El Día”, destacó “la importancia de combatir a través del sistema interamericano la impunidad de los crímenes contra periodistas”.
“Para que los instigadores y ejecutores de estos crímenes no encuentren nunca refugio fácil bajo el manto de la impunidad debemos apelar a todas las instancias posibles para enfrentarla”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Comisión Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, del periódico mexicano “El Universal”, expresó su confianza en que “esta acción lleve a las autoridades en Paraguay a prestar mayor atención a éste y otros casos de violencia contra los periodistas, entre los que también se encuentra la desaparición hace casi un año del periodista Enrique Galeano”.
Ortiz avanzó que el caso de Leguizamón centrará un seminario para periodistas que se celebrará del 21 al 23 de febrero en Paraguay.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y Ricardo Trotti, director de “libertad de Prensa”, entregarán la denuncia formal sobre este caso en la sede de la CIDH en Washington.
De las 63 investigaciones efectuadas como parte del proyecto “Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas”, auspiciado por la Fundación John S. y James L. Knight, diecinueve casos pasaron a la consideración de la CIDH y once de ellos fueron admitidos.