Por José del Puerto
SAN IGNACIO, MISIONES
Desde el pasado fin de semana, unas 300 familias volvieron a ingresar a una propiedad de la compañía San Pablo, distrito de San Ignacio, en el departamento de Misiones.
El establecimiento, de unas 3.000 hectáreas, pertenece al ganadero Andrés Pino, y los ocupantes son integrantes de la Mesa Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas (MCNOC).
El propietario tiene intenciones de vender sus tierras, pero hasta el momento no hubo acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con respecto al precio.
Según los campesinos, hace 3 años que se vienen realizando las gestiones para la adquisición de este inmueble, que ya fue ocupado en 2 ocasiones anteriores.
Las acciones del Indert estaban condicionadas a la salida de las familias que se instalaron al costado de la propiedad. Sin embargo, a 11 meses de las reuniones, no hubo avances.
Los ocupantes, entre ellos niños y adultos mayores, exigen la compra de la fracción para asentar a las familias de los sintierra, que por ahora ya se instalaron en precarias carpas.
MENTIRAS. Heleno Ortellado, uno de los dirigentes de la organización departamental, indicó que están cansados de las mentiras y los incumplimientos de las autoridades departamentales y del Gobierno central.
“Volvemos a ocupar esta propiedad porque hace 11 meses que estamos apostados en las cercanías, pero no obtuvimos ninguna respuesta”, indicó Ortellado. Aseguró que ya no aceptarán promesas falsas y que permanecerán dentro de la propiedad hasta que se concrete la compra.
“Estas familias necesitan un espacio para cultivar y ganarse el pan de cada día”, indicó Ortellado.
En las últimas horas no se anunció ninguna presencia de autoridades tanto de la Gobernación como del Indert, según manifestaron los propios ocupantes.
MOVILIZACIÓN. En la mañana del lunes pasado otro grupo de campesinos, pertenecientes a la Organización Campesina de Misiones –OCM–, se manifestó frente a la sede del Ministerio Público de San Ignacio.
En la ocasión los dirigentes exigieron a los fiscales que investiguen la utilización de agrotóxicos en cultivos de soja en la zona.