El agente participó de una intervención en la zona de ocupación días atrás, y tras restituir el inmueble a la firma Rincón Porá, se produjo el derrumbe y quema de 130 viviendas.
Los dirigentes de la organización aseguran que unas 69.000 hectáreas de tierra pertenecen al Estado y deben ser entregadas a las familias sujetas a la reforma agraria, en tanto, el fiscal Cabrera sostiene que los inmuebles en cuestión cuentan con títulos y están debidamente inscriptos en el registro de las propiedades.
Para calmar el ambiente, el Gobierno envió a Roberto Osmar Pérez, asesor jurídico del Indert, y a Ricardo Belotto, agrimensor del Sistema de Información de Recursos de la Tierra SIR, quienes dialogaron con los sintierras, sin embargo, recibieron la advertencia de que correría río de sangre si la intención era sacarlos del lugar.
Los funcionarios designados manifestaron que la solución se tendría luego de culminar la mensura judicial que actualmente está en marcha. (E.C.)