Días atrás el agente fiscal se constituyó en el lugar debido a una denuncia de hecho punible de invasión de inmueble ajeno, con el fin de advertir a los ocupantes e individualizarlos. En el sitio se quemaron 130 viviendas en un terreno que forma parte de un litigio con la estancia Rincón Porã.
Los dirigentes campesinos aseguran que unas 69.000 hectáreas de tierra pertenecen al Estado y deben ser entregadas a las familias sujetas a la reforma agraria, en tanto que el fiscal Cabrera sostiene que esos inmuebles cuentan con títulos y están debidamente inscriptos en el registro de las propiedades, informó el corresponsal Elías Cabral.
Para calmar el ambiente, el Gobierno envió a dos emisarios: Roberto Osmar Pérez, asesor jurídico del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y Ricardo Belotto, del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIR), quienes dialogaron con los afectados. Sin embargo, recibieron la advertencia de que la situación se complicaría si la intención fuera sacarles del lugar.
Los funcionarios designados manifestaron en todo momento que la solución se tendría luego de culminar la mensura judicial que actualmente está en marcha, acudieron a la Fiscalía de Curuguaty en compañía de los dirigentes para verificar la carpeta fiscal y darse por enterados del proceso judicial . No pudieron entrevistarse con Cabrera ya que este participaba de un juicio oral y público.
Gustavo Fernández, representante de los sintechos, dijo que luego de 5 años de ocupación y de constantes gestiones, el agente vino en menos de ocho días a derrumbar todo. Agregó que el problema con los títulos presentados por la firma Rincón Porã es la falta de identificación del lugar exacto de las propiedades.
Los manifestantes dijeron que seguirán con la medida hasta que el fiscal sea destituido por destruir sus viviendas.
