La firma San Agustín estaba impedida de realizar ninguna transacción de compraventa debido a que pesaba sobre la misma una prohibición de innovar y contratar, según informó el síndico de Quiebras, Raúl Silva.
El abogado acudió el lunes al BNF a llevar una nota donde advertía que sobre el inmueble pesa la medida cautelar otorgada en noviembre de 2008 por el juez Silvino Delvalle que impide realizar transacciones con los bienes de la empresa.
Explicó que la Sindicatura de Quiebras recurrió a esta medida debido a que su función es precautelar los intereses de los acreedores, tras la quiebra del dueño de la empresa San Agustín, Carmelo Cabrera, ya fallecido y cuya firma quedó en manos de los accionistas.
Afirmó que el desistimiento de la demanda de la Sindicatura contra las hijas de Cabrera, documento en el cual los funcionarios del BNF justificaron el pago, en nada modifica la medida cautelar. “Si bien presentamos el desistimiento, la medida cautelar nunca fue levantada y subsiste hasta ahora”, afirmó.
Reclamó que el BNF actuó a espaldas de la Sindicatura, que debería haber sido convocada al saberse del desembolso.
Mencionó que “evidentemente se sobrevaluó el inmueble”, porque la tasación de la Sindicatura sobre la propiedad arroja un costo de G. 5.100.000 la ha. Advirtió además que no se podrá transferir la propiedad al Estado por escritura pública mientras subsista la medida cautelar.
“Si transgreden las leyes, no quiero ser parte de esto, voy a presentar mi renuncia”, dijo.
FISCALÍA INVESTIGARÁ
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, anunció que pedirá informes sobre la compra de unas 5.700 hectáreas, acordada entre el Indert y la empresa San Agustín, vinculada con el oviedismo. Indicó que la Unidad de Delitos Económicos analizará los documentos para determinar si hubo irregularidades que constituyan un hecho punible. En caso de ser así, abrirán una causa penal.