Reivindicando la labor sindical y realizando varias denuncias sobre la situación del trabajador en el país, se llevó a cabo ayer la marcha del 1 de mayo. El acto principal se realizó frente al Panteón de los Héroes, en horas de la mañana.
“El Gobierno, parlamentarios, empresarios, con la complicidad de la mayoría de la dirigencia de las centrales obreras, insisten en entregar la jubilación de los trabajadores, queriendo aumentar la edad de la jubilación, disponiendo de los fondos de jubilación para la inversión pública, para la corrupción y también plantean la privatización del sistema jubilatorio”, señaló Eduardo Ojeda, secretario general de la Corriente Sindical Clasista (CSC).
En el discurso realizado luego de la marcha, Ojeda cuestionó también la intención de aprobar la ley de empleo parcial, que tiene media sanción en el Senado. Según dijo, dicha ley deja de lado la obligatoriedad del pago del salario mínimo, las ocho horas laborales y la posibilidad de jubilación del trabajador.
Trabas. Durante el discurso se denunciaron las dificultades que enfrentan los obreros en su labor diaria y para organizarse en sindicatos. Revelaron que de 3.200.000 trabajadores, solo 600.000 podrán jubilarse.
“Organizarse es peligroso porque el patrón se entera y despide, y si se organiza, el Ministerio del Trabajo se encarga de poner todas las trabas para frenar. Llamativamente, cuando los trabajadores se animan a organizarse, a desafiar esa tiranía patronal, cuando el sindicato solicita la formalización al Ministerio del Trabajo, la patronal tiene todas las informaciones introducidas en el Ministerio del Trabajo, y empiezan los despidos de los trabajadores”, denunció Ojeda.
Mujeres. La situación de la mujer trabajadora, sobre todo pobre, también fue mencionada. El acoso y la discriminación en sus puestos de trabajo son algunas de las dificultades que este sector padece a diario.
Otro hecho que va en contra de este segmento de la fuerza laboral tiene que ver con el embarazo. Según el referente sindical, representa un delito para el empleador, ya que debe pagar subsidio por maternidad y permiso por lactancia. A la situación laboral le sumó el aumento de los feminicidios, que se perpetran con la impunidad de parte del Estado.
Por otra parte, las críticas también fueron hacia el IPS. “La falta de medicamentos, insumos médicos, estudios y citas para cirugía, que lleva como mínimo seis meses y hasta un año, humillando a los asegurados. Pero las autoridades de la previsional tercerizaron los servicios en negociados de millones de dólares, generando privilegios a su entorno politiquero y amigo”, aseveró.
De los cuestionamientos tampoco quedaron fuera los poderes del Estado, los empresarios, los dirigentes sindicales aliados al poder de turno y al mismo presidente de la República, Mario Abdo.
