Sindicato pide a Comuna de CDE escuchar dictamen en crisis laboral

En conferencia de prensa realizada ayer, el representante del Sitramucde, Rogelio Núñez, señaló que la decisión del intendente de no pagar la suma mencionada y anular una resolución que admitía a 357 funcionarios despedidos en forma ilegal de la Municipalidad era “una burrada” que acarrearía mayor erogación a la Comuna. “Van a perder en todas las instancias. Ellos hablan que hay un juicio caduco. Pero ese juicio no caducó, hay un recurso de reposición planteado en la Corte que está pendiente de resolución”, sostuvo Núñez.

El sindicalista sostuvo que había un acuerdo entre Prieto y los sindicalizados, para someter a arbitraje el caso de los despedidos en forma ilegal, entre ellos 11 juicios, algunos con sentencia y otros en proceso de varios años, para lo cual habían designado al abogado Pedro Eladio Pereira, de solvencia moral, para el trabajo. El profesional del foro ya tenía una conclusión, pero por causa de la pandemia y la afección por el Covid-19 se postergó la reunión entre las partes para dar a conocer el resultado de su trabajo, según denunciaron ayer. Ahí apareció el criterio de la Asesoría Jurídica, que quiere analizar nuevamente desde el punto de vista jurídico el tema y el intendente tomó una decisión unilateral de dejar atrás el acuerdo, agregó.

Prieto anunció que de los G. 157.000 millones que debía pagar la Comuna, la cifra se redujo a G. 19.000 millones, tras el hallazgo de la Asesoría Jurídica de que había ex funcionarios que ni siquiera iniciaron una demanda, entre los beneficiados. Sin embargo, Núñez sostuvo que tras negociaciones ese monto se había bajado a G. 110.000 millones, lo que fue presupuestado para pagar 10% anual en los próximos años.

INCOHERENCIA. El sindicalista también denunció que se denota incoherencia y mentira en las decisiones tomadas por el actual intendente, al citar que uno de los nombrados por Prieto como quien no figura en la demanda es Félix Ricardo Blanco, quien está incluido en el expediente “Miguel Cabañas y otros”. Otro ejemplo que citó fue que la Comuna pagó a otro funcionario despedido, identificado como Félix Delvalle Regalí, sin demanda de por medio. “Pretenden debilitar la organización violentando el derecho con el fin de aniquilar al sindicato. Surgió el criterio judicialista y comenzamos a chocar contra la Asesoría Jurídica, por eso hemos aceptado la propuesta del arbitraje con un abogado ofrecido por Prieto”, explicó Núñez.

Desafió al intendente municipal, quien adelantó que denunciaría penalmente a Sandra McLeod de Zacarías y otros por la resolución municipal de readmisión de los 357 funcionarios despedidos ilegalmente, para que también denuncie a la actual ministra Carolina Llanes, quien también había aceptado ese acuerdo durante su gestión como interventora.